Por: Daniel Sarmiento Pavas

Socio-Director Audit and Consulting Services SAS

En la Junta se siente un ambiente enrarecido. No es un secreto que desde hace algunos años hay una situación tirante entre el Tribunal y la dirección de la Unidad. Esto no fue siempre así. Si uno se remonta a la historia, la Junta fue creada con “el carácter de entidad disciplinaria, y…como agente del Gobierno (art. 36 Dec. 2373 de 1956). Las funciones de la Junta incluyen desde un inicio las dos tareas misionales fundamentales: el registro profesional y la disciplina de los contadores.

Esto nunca tuvo discusión y siempre la Junta actuó como un solo cuerpo en cumplimiento de su responsabilidad. Con múltiples fallas y siempre con las uñas, por supuesto, pero sin discusión en cuanto a su misión. Los problemas surgieron al convertirse la Junta en una Unidad Administrativa Especial (UAE) con personería jurídica.

Es una paradoja, porque algo que le dio autonomía presupuestal y estructura jurídica para actuar de manera independiente, terminó por convertirse en el galimatías que la aqueja hoy. Pero si uno revisa el texto del decreto que hizo el cambio de naturaleza, no observa ninguna intención de que hubiera un rompimiento en la estructura. El artículo 1° del Decreto 1955 de 2010, con el cual se hizo este cambio, indica:

“NATURALEZA. La Junta Central de Contadores es una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que en virtud de la Ley 1314 de 2009 continuará actuando como tribunal disciplinario y órgano de registro de la profesión contable , incluyendo dentro del ámbito de su competencia a los Contadores Públicos y a las demás entidades que presten sus servicios al público en general propios de la ciencia contable como profesión liberal (negrita fuera de texto).”

El problema, a mi manera de ver, se centra en el poder. La Junta como unidad sin sus dos funciones principales no existe. La unidad es el caparazón que permite que ejerza su función. Pero no sé en qué momento, se comenzó a interpretar que una cosa es el Tribunal y otra la Junta. El director de la unidad, como tiene el carácter de representante legal, resultó relegando al Tribunal, que es el centro de la Junta, a las sesiones quincenales. El presidente del Tribunal, que antes se le consideraba presidente de la Junta, quedo reducido solo a la parte disciplinaria, sin posibilidad de injerencia alguna en la asignación de recursos para apoyar su misión y dependiendo de las decisiones del director.

En mi paso por el Tribunal sugerí que se dotara al Tribunal de funciones de consejo directivo de la unidad, pero esto nunca se realizó, al parecer por motivos jurídicos al considerarse que, como no se indica en ninguna norma que la Junta tenga consejo, este no se puede establecer. No soy ni abogado ni administrativista, pero nunca he quedado satisfecho con esa opinión.

El Departamento Administrativo de la Función Pública emitió sobre este tema el Concepto 58541 de 2015 en el cual expresó, entre otras cosas:

“De acuerdo con las normas anteriormente señaladas (se refiere a los artículos 72, 76 y 82 de la Ley 489 de 1998), los órganos de dirección y administración de los establecimientos públicos son: el Consejo Directivo y el director, gerente o presidente . Estas son instancias independientes aunque interactúan permanentemente para el cumplimiento de sus funciones.

Es importante tener en cuenta que las Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica, se sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los establecimientos públicos; en ese sentido, si la ley que las crea no dispone algo distinto, sus órganos de dirección y administración también son el Consejo Directivo y el Director General .” (Negrita fuera de texto).

Si el Tribunal pudiera asumir la función de Consejo Directivo, podría supervisar las funciones del director y a la vez, garantizar que se le asignen los recursos necesarios para cumplir su función. Debe entenderse que la Unidad es el apoyo del Tribunal y no al revés.

La nueva dirección de la Unidad y la actual conformación del Tribunal, han agravado el problema. Infortunadamente por el desatino administrativo de la Unidad de años atrás, la Junta es un organismo mendicante cuando debajo del colchón tiene un tesoro que no puede usar. Pero esto no justifica que los pocos recursos que pueda ejecutar se pierdan al quedar en punto muerto las labores que actualmente se realizan.

El Tribunal no ha abierto ni un solo proceso por violaciones a la nueva normatividad técnica, cuando eso ya está incorporado en la regulación. Sin embargo, la Unidad, como si se tratara de otra entidad, ha desarrollado alrededor de 5.000 acciones de inspección, de las cuales acerca del 40% han mostrado fallas de los contadores evaluados. ¿Para qué sirve ese esfuerzo? La verdad, es triste ver que todo ese trabajo desarrollado termine naufragando en una niebla espesa de incertidumbre. Y mientras tanto, como la canción, al final, la vida sigue igual: contadores ejerciendo una pobre labor y que no se han interesado por actualizarse, reciben oficios y firman actas pero sin ninguna consecuencia disciplinaria.

¿Y cuál es la razón para que se pierda ese trabajo?

Pues el Tribunal alega que no es función de la Unidad inspeccionar y la Unidad opina que sí lo es, porque la función del Tribunal es solo disciplinaria.

A todas luces el modelo actual no funciona y no hay que ser un genio para concluirlo. La Junta se está suicidando, convirtiendo una función tan importante en un proceso inane. Y esto ocurre, a mi modo de ver y entre muchas razones que no alcanzo a discutir aquí, por tres principales:

1. Los miembros del Tribunal no son funcionarios públicos remunerados. Esto hace que sean solo unos visitantes quincenales de la Junta, pero tengan que cargar con toda la responsabilidad sancionatoria, que es la principal función de la entidad.

2. El director de la Junta no tiene que rendir cuentas a nadie dentro de la entidad, así que no tiene ningún control interno de sus acciones y solo le responde al ministro.

3. Al ministerio le importa muy poco la profesión y eso es endémico. No se trata del ministro actual; es prácticamente una política de estado, porque durante los 6 años y medio que estuve como consejero del CTCP, solo en una ocasión nos pudimos reunir con la ministra de entonces. Es una lástima, porque no se ve una luz en el camino, y la profesión, que de por sí anda a tumbos, resulta aún más afectada. Por eso siempre he pensado que la Ley 1314 era la primera etapa, pero nada que arranca la segunda.

Este tema continuará.