Daniel Sarmiento Pavas, Socio director Audit and Consulting Services SAS

Por: Daniel Sarmiento Pavas

Socio director Audit and Consulting Services SAS

El pasado mes de octubre, el abogado Daniel Santiago Calderón presentó demanda contra parte del inciso 1° del artículo 215 del Código de Comercio, la cual ya fue aceptada y asignada en reparto al magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo y ha tenido concepto favorable del Procurador.

El aparte demandado establece:

“ARTÍCULO 215. Requisitos para ser Revisor Fiscal – restricción. El revisor fiscal deberá ser contador público. Ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor fiscal en más de cinco sociedades por acciones.” (El subrayado es la parte demandada).

El actor presenta distintos argumentos, pero el centro de su tesis es que el asunto demandado vulnera el preámbulo de la Constitución, el art. 13 de la Carta (derecho a la igualdad) (art. 13 de la C.P), el art. 25 (derecho al trabajo) y el art. 26 (la libertad de escoger profesión u oficio).

A pesar de que el texto en discusión ya había sido demandado en 1972 y declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, el demandante alega que no hay cosa juzgada material, porque en esa época regía otra constitución, por lo cual la constitucionalidad de la disposición no ha sido declarada bajo la Carta que nos rige en la actualidad.

Este es otro de los muchos temas que ha causado polémica entre la profesión desde un comienzo. Al parecer, la disposición no fue propuesta por ningún ente profesional, sino por el propio gobierno de la época, si recordamos que el Código de Comercio se expidió en 1971 mediante un decreto ley y no mediante una ley expedida directamente por el Congreso.

Sin embargo, desde un principio, las posiciones en la profesión sobre esta limitación han estado divididas. Algunos argumentan que un revisor fiscal con más de 5 empresas por acciones no está en condiciones de dedicar el tiempo suficiente al cumplimiento de sus responsabilidades de evaluación y fiscalización. Otros consideran que el número de revisorías fiscales no tiene nada que ver con el cumplimiento del trabajo, porque para eso el revisor fiscal puede contar con auxiliares que lo apoyen, tal como lo dispone el mismo código.

Hay que reconocer que la norma luce hoy obsoleta después de casi 50 años de emitida, particularmente, como lo expone el demandante, por el régimen de sociedades por acciones simplificadas. Es claro que este tipo de sociedades, a pesar de ser por acciones, no se parecen en nada a lo que imaginaba el legislador en esa remota época. En los años 70 el tipo de sociedad más común era la limitada, que correspondía a la gran mayoría de empresas, no solo por las mayores exigencias de las sociedades anónimas, entre las cuales está el número mínimo de socios, sino también por el régimen tributario, que correspondía a una tarifa de impuestos que era un 50% de la tarifa que pagaban las sociedades por acciones.

Hoy la situación es distinta y parece haber por lo menos un número significativo de contadores que están de acuerdo con el eliminar esa prohibición.

Hay que admitir que esta restricción no corresponde a ningún parámetro internacional, que no se rige por el número de compromisos sino por el cumplimiento de los requisitos éticos para aceptar y retener clientes.

Sin embargo, también hay que reconocer que las responsabilidades del revisor fiscal son también mucho mayores que las de un auditor externo. En particular, el hecho de tener que certificar un sinnúmero de documentos y estar haciendo un seguimiento permanente al control interno y al cumplimiento de la entidad, es una limitante en la dedicación requerida que no tienen los profesionales de otros países.

Es posible que el demandante logre su propósito y la prohibición de marras se levante. Si eso ocurriera, en especial, las entidades de supervisión y la Junta Central de Contadores, tendrán que mantener ojo avizor sobre el desempeño de los revisores fiscales que tengan un número significativo de clientes, particularmente, si esos clientes revisten un grado de significatividad o de riesgo profesional que pueda poner en peligro la calidad del trabajo y el cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos.

Lo anterior implica considerar muchos aspectos al evaluar el desempeño del revisor fiscal. De manera simplemente enunciativa, nos atrevemos a sugerir algunos:

• Evaluar el perfil del revisor fiscal: su formación profesional, experiencia e historial.

• Considerar los rasgos generales de las entidades bajo evaluación (sector económico, tamaño, ubicación, si conforman grupo económico o no, etc.).

• Considerar el equipo de trabajo de soporte (perfil profesional, número, experiencia, dedicación, etc.).

• Tener en cuenta el grado de evidencia de la participación del revisor fiscal en la gestión de los clientes a cargo. Es decir, no solo la evidencia de su firma, sino de participación en la planeación del trabajo, en la revisión de la evidencia, la emisión de informes y la relación con cada cliente.

Son solo algunos elementos, pero si se levanta la restricción, lo cual nos parece apropiado, tendrá que haber un mayor seguimiento del trabajo del revisor fiscal para evitar que la inexistencia de un límite afecte la credibilidad de su función.