Boletín de actualidad contable, tributaria y de aseguramiento
Audit and Consulting Services SAS
Viernes, 4 de septiembre de 2026
FASB propone mejoras incrementales a los PCGA de Estados Unidos y abre la puerta a las monedas estables como equivalentes de efectivo
El Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos (FASB) publicó el 2 de septiembre dos propuestas de actualización de normas contables (ASU, por sus siglas en inglés) que conviene tener en el radar aunque Colombia reporte bajo NIIF. Journal of Accountancy, el medio de la AICPA, confirmó que ambos borradores comparten fecha límite de comentarios: el 19 de noviembre de 2026.
La primera propuesta —titulada, en el original, «Proposed Accounting Standards Update—Codification Improvements» (algo así como «actualización propuesta de normas contables: mejoras de codificación»)— corrige de forma rutinaria la Codificación de normas contables estadounidense, con ajustes puntuales a la estimación de pérdidas crediticias esperadas y a la contabilización de modificaciones en pagos basados en acciones — el tipo de depuración técnica que rara vez hace titulares, pero que evita interpretaciones distintas entre firmas.
La segunda, más comentada, busca aclarar si las monedas estables (stablecoins) y otros activos digitales similares pueden clasificarse como equivalentes de efectivo, la categoría contable reservada para inversiones de corto plazo y liquidez casi inmediata. La discusión de fondo no es menor: una moneda digital que promete mantener paridad con el dólar solo es tan «equivalente» al efectivo como lo sea, en la práctica, la solidez del colateral que la respalda. Para las firmas colombianas con clientes que reportan bajo los PCGA de Estados Unidos, con matrices en ese país o con exposición a criptoactivos como parte de tesorería, el desenlace de esta consulta definirá si esas tenencias digitales entran o no como efectivo en el balance.
Superfinanciera certifica el interés bancario corriente de septiembre mediante la Resolución 1260 de 2026
La Superintendencia Financiera de Colombia expidió el 31 de agosto la Resolución 1260 de 2026, que certifica el interés bancario corriente (IBC) vigente entre el 1 y el 30 de septiembre. La tasa para crédito de consumo y ordinario quedó en 19,49 % efectivo anual, 28 puntos básicos por debajo de agosto — un respiro modesto, del tamaño de una propina, pero respiro al fin.
El resto del cuadro no se movió en la misma dirección para todos los segmentos. El crédito de consumo de bajo monto quedó certificado en 44,58 % E.A., el productivo de mayor monto en 27,92 % E.A., el productivo rural en 21,76 % E.A. y el productivo urbano en 38,61 % E.A.; en la modalidad popular, el productivo rural llegó a 44,80 % E.A. y el urbano a 58,75 % E.A. Con estas cifras, la Superintendencia también deja establecida la tasa de usura de cada modalidad, que en el crédito de consumo y ordinario se ubica en 29,24 % E.A. y en el popular productivo urbano llega hasta 88,13 % E.A.
Para la profesión, esta certificación mensual no es un dato de paso: es el insumo obligatorio para calcular intereses moratorios en procesos de cobro, para revisar cláusulas de créditos corporativos y para el trabajo de revisoría fiscal en compañías con pasivos financieros indexados al IBC. Vale la pena guardarla junto al calendario tributario del mes.
Casi uno de cada cuatro pesos del Presupuesto General de la Nación 2027 se irá en pagar deuda
El Ministerio de Hacienda presentó las cifras del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, según reportó La República el 3 de septiembre: $634,9 billones en total, casi $60 billones más que el presupuesto de 2026 ($576 billones). De ese monto, $155,4 billones —7,3 % del PIB— se destinarán al servicio de la deuda pública, un salto de 54,7 % frente a los $100,5 billones (5 % del PIB) presupuestados para este año.
El desglose separa $58,2 billones de amortización de capital y $94,4 billones en intereses y comisiones, más $2,7 billones para el fondo de contingencias. El resto del presupuesto se reparte en $392,6 billones de funcionamiento y $86,9 billones de inversión, la variable que en Colombia suele quedar como la más flexible cuando las cuentas no cuadran solas.
El proyecto todavía debe surtir su trámite en el Congreso antes de convertirse en la Ley de Presupuesto de 2027, así que las cifras pueden moverse en el camino. Para contadores públicos y analistas financieros que siguen la coyuntura fiscal, el dato relevante no es solo el tamaño del presupuesto sino su composición: un peso de cada cuatro dedicado a servir deuda deja menos margen para inversión pública, con el consecuente efecto sobre el gasto que termina llegando —o no— a sectores productivos y a las empresas que dependen de contratación estatal.
Bogotá recaudó $1,54 billones por impuesto de vehículos, y hoy vence la última cuota del pago por cuotas
La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá reportó, según Portafolio, un recaudo de $1,54 billones por impuesto de vehículos al 28 de agosto, el 90 % de la meta anual de $1,7 billones, sobre 2.409.157 vehículos obligados a declarar, de los cuales 278.162 son motocicletas. Pablo Verástegui, director de Impuestos de Bogotá, precisó que 5.155 propietarios se acogieron al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), que permite dividir el impuesto en dos cuotas iguales sin intereses; la primera ya se pagó, y la segunda —y última— vence este viernes 4 de septiembre.
El trámite se hace desde la Oficina Virtual del portal haciendabogota.gov.co, en la sección de obligaciones pendientes, con la opción de pagar en línea o imprimir el recibo para cancelarlo en entidades financieras autorizadas. La Secretaría insistió en que no envía enlaces de pago por WhatsApp, mensajes de texto ni redes sociales, una advertencia que conviene repetir tantas veces como haga falta mientras los estafadores sigan clonando la estética institucional con mejor ortografía cada año.
Para contadores y asesores tributarios con clientes o flotas vehiculares en Bogotá, el recordatorio es doble: verificar que el SPAC quedó correctamente liquidado antes de que cierre el plazo de hoy, y confirmar que cualquier comunicación sobre el pago llegue exclusivamente por los canales oficiales del Distrito.
Once de las 42 cajas de compensación del país siguen bajo intervención de la Superintendencia del Subsidio Familiar
Un reportaje de La República publicado hoy, 4 de septiembre, recuenta el estado del sistema de cajas de compensación familiar en Colombia: de las 42 que lo integran, 11 permanecen bajo alguna forma de intervención de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Seis están en intervención administrativa total —Comfacor desde 2017, Comfamiliar Cartagena y Bolívar desde 2019, Comfamiliar Huila desde 2022, Comfamiliar Nariño desde 2023, Cafaba desde 2023 y, la más reciente, Comfamiliar Atlántico desde julio de este año—; una tiene intervenido solo el consejo directivo, y otras cuatro avanzan en procesos de levantamiento de la medida con agente especial todavía al frente.
El sistema agrupa más de 10,68 millones de afiliados y reportó ingresos superiores a $2,4 billones en créditos sociales durante 2025, lo que da una idea del tamaño de la torta que administra —y de lo que está en juego cuando una caja termina intervenida. La nota no detalla las causales puntuales de cada intervención vigente, pero el patrón que describe (administración prolongada bajo agente especial, procesos de levantamiento que se estiran por años) es terreno conocido para la auditoría y la revisoría fiscal: gobierno corporativo débil y controles financieros insuficientes rara vez se resuelven con un comunicado de prensa.
Para revisores fiscales y auditores que trabajan con cajas de compensación o con empresas afiliadas a alguna de las intervenidas, el mapa actualizado de qué entidades siguen bajo supervisión reforzada es información operativa directa.
Analistas anticipan que la inflación de agosto cerró en 6,10 %, lejos de la meta del Banco de la República
Antes de que el DANE publique el dato oficial, la encuesta de expectativas del mercado financiero recogida por La República el 4 de septiembre proyecta que la inflación anual de agosto se ubicó en 6,10 %, con variación mensual entre 0,10 % y 0,26 % según la entidad consultada. Las proyecciones individuales van de 5,93 % (Banco de Bogotá) a 6,32 % (Aval AM y Davibank), pasando por Bancolombia (6,19 %), Citi (6,02 %), Grupo Bolívar (6,28 %), Banco Agrario (6,29 %) y las lecturas de Asobancaria, Positiva y Alianza.
De confirmarse, la cifra quedaría cien puntos básicos por encima del 5,10 % registrado en agosto de 2025 y, sobre todo, lejos de la meta puntual del 3 % que fija el Banco de la República. Sería, según el mismo reporte, el séptimo año consecutivo en que la meta no se cumple, con el retorno al rango de 2 % a 4 % proyectado apenas hasta agosto de 2031 — una meta que empieza a sentirse menos como objetivo de corto plazo y más como aspiración de largo aliento.
Aunque se trata de una proyección de analistas y no del dato oficial (que el DANE suele publicar en los primeros días de cada mes), la cifra interesa a la profesión contable por razones muy prácticas: la inflación proyectada alimenta el ajuste de contratos indexados al IPC, las provisiones de deterioro y las discusiones de negociación salarial que muchas áreas de contabilidad y nómina empiezan a preparar desde ya.
Thomson Reuters revela una filtración de datos judiciales sensibles que estuvo activa durante cuatro meses
Thomson Reuters informó el 2 de septiembre que un tercero no autorizado accedió, entre el 1 de marzo y el 29 de junio de 2026, a archivos de C-Track, la plataforma de gestión de casos judiciales que opera su filial West Publishing Corporation. La compañía detectó el acceso indebido el 30 de junio y tardó poco más de dos meses en completar la investigación antes de notificar públicamente el incidente.
Entre los datos expuestos hay nombres completos, números de Seguro Social, números de licencia de conducir, fechas de nacimiento e información médica y de seguros de salud; algunos registros correspondían a expedientes judiciales confidenciales o sellados. El incidente afectó jurisdicciones de once estados de Estados Unidos —Alabama, Kentucky, Montana, Nevada, Nueva Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee y Wyoming—, además de las Islas Vírgenes estadounidenses y la provincia canadiense de Ontario. Thomson Reuters ofreció a las personas afectadas doce meses de monitoreo de crédito, a través de Experian en Estados Unidos y de TransUnion en Canadá.
El caso interesa a la auditoría de tecnología de la información y a la gestión de riesgo de terceros por una razón concreta: la vulnerabilidad no estuvo en los sistemas internos de un despacho judicial, sino en un proveedor tecnológico que centraliza información sensible de miles de casos. Para las firmas de auditoría y las áreas de cumplimiento que dependen de plataformas externas para gestionar documentación confidencial de clientes, el episodio es un recordatorio de que la cadena de custodia de la información también incluye, y con frecuencia empieza, en el proveedor.
Una base de datos activa en la red oscura ofrecía millones de licencias de conducir de EE. UU. y Canadá; el FBI investiga
El investigador de ciberseguridad Brian Krebs reveló el 2 de septiembre la existencia de un sitio en la red oscura (dark web), identificado como «Nexus», que ofrecía decenas de millones de escaneos de licencias de conducir de Estados Unidos y Canadá, junto con millones de documentos de identidad y de viaje adicionales y cientos de miles de registros médicos. Según su reporte, la base de datos parecía actualizarse en tiempo casi real, un indicio de que la fuga seguía activa al momento de la publicación.
Krebs llegó al hallazgo tras una alerta recibida en un foro de cibercrimen ruso y confirmó la autenticidad de una muestra de los datos contactando directamente a nueve personas cuyos documentos aparecían en el sitio. Las pesquisas iniciales apuntan a IDScan.net, un proveedor de verificación de identidad con sede en Nueva Orleans, como posible origen de la filtración; la empresa dijo estar revisando el caso. El sitio «Nexus» dejó de estar disponible poco después de que la investigación se hiciera pública. El FBI confirmó el 3 de septiembre que analiza el incidente, aunque no ofreció detalles adicionales por tratarse de una investigación en curso.
Para las áreas de cumplimiento, prevención de fraude y conocimiento del cliente (KYC) del sector financiero y asegurador, el episodio confirma algo que ya se sospechaba: buena parte de los documentos de identidad usados para suplantación no se roba uno por uno, sino que circula en bloques masivos en mercados especializados de la red oscura, lo que obliga a reforzar la verificación de identidad más allá del documento físico o de su fotografía.
Fuentes consultadas
- Journal of Accountancy (AICPA) – FASB propone mejoras a los PCGA de Estados Unidos, incluida guía sobre monedas estables (2/09/2026)
- Superintendencia Financiera de Colombia – Certificación del interés bancario corriente, Resolución 1260 de 2026
- La República – Presupuesto General de la Nación 2027 y servicio de deuda (3/09/2026)
- Portafolio – Recaudo del impuesto de vehículos en Bogotá y vencimiento del SPAC (2/09/2026)
- The Hacker News – Filtración de datos en la plataforma C-Track de Thomson Reuters/West Publishing (2/09/2026)
- West Hawaii Today (Associated Press) – El FBI investiga filtración de licencias de conducir en EE. UU. y Canadá (3/09/2026)
Boletín elaborado para Audit and Consulting Services SAS. Todas las normas, resoluciones y cifras citadas fueron verificadas contra fuentes oficiales o primarias antes de su publicación. Las proyecciones de mercado (como la inflación de agosto) se identifican explícitamente como tales, a la espera del dato oficial del DANE. Las cifras de recaudo y presupuesto corresponden a lo reportado por las fuentes citadas a la fecha de este boletín y pueden estar sujetas a actualizaciónEste contenido fue preparado con el apoyo de la inteligencia artificial Claude (Anthropic) y fue curado por Audit and Consulting Services SAS.
