La profesión al día – Boletín 2

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Mediante la Sentencia C-264 de 2026, conocida el 2 de septiembre, la Corte Constitucional declaró exequible el grueso de la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional del Gobierno. La decisión no fue, sin embargo, un aprobado sin condiciones: la Corte devolvió a la Cámara de Representantes tres artículos completos, seis apartes de otras disposiciones y una proposición de artículo nuevo, para que surtan un trámite adicional de deliberación y votación dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación formal del fallo. Las normas que sí superaron el examen entrarán a regir el 1 de abril de 2027.

Para empleadores y contratantes, la reforma trae una tarea operativa concreta que conviene ir mapeando desde ya. La tarifa total de cotización al Pilar contributivo queda en 16 % del ingreso base, con una distribución de 75 % a cargo del empleador y 25 % del trabajador, descontada y trasladada por quien paga la nómina. El destino de ese aporte se bifurca según el ingreso: hasta 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes va a Colpensiones bajo el régimen de prima media, y el excedente se enruta al Componente Complementario de Ahorro Individual. Quienes devenguen más de 20 salarios mínimos deberán además un 3 % adicional al Fondo de Solidaridad Pensional, y los contratistas independientes con ingresos de 4 salarios mínimos o más quedan sujetos a aportes escalonados de entre 1,5 % y 3 %

Hay un frente adicional que no debería tomar por sorpresa a nadie en el área contable: la UGPP conserva competencia de cobro coactivo sobre tiempos de servicio no cotizados antes de 1994 que no hayan sido conmutados, así que las empresas con historia larga en la planilla harían bien en revisar ese expediente antes de que la entidad lo revise por ellas.

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En el Concepto 013005 (Int. 1257) del 29 de julio de 2026, la DIAN despejó una duda recurrente en los trámites de devolución y compensación de saldos a favor: cuánto tiempo puede tener de expedido el certificado que acredita quién representaba legalmente a una sociedad. La respuesta depende de cuál de los dos certificados esté sobre la mesa, porque no son el mismo documento ni cumplen la misma función.

El certificado de existencia y representación legal “ordinario”, el que confirma quién tiene hoy la facultad de actuar en nombre de la empresa, sí está sujeto al término que fija el artículo 1.6.1.21.13 del Decreto 1625 de 2016: una fecha de expedición no superior a un mes. El certificado histórico, en cambio, cumple un propósito distinto —acreditar quién tenía la representación legal en el momento en que se firmaron las declaraciones objeto de la solicitud—, y la DIAN concluyó que ese documento no está sometido a ningún término máximo de expedición, siempre que identifique con claridad a las personas competentes para haber suscrito esas declaraciones.

La distinción parece de detalle, pero tiene consecuencias prácticas inmediatas. No es extraño que una solicitud de devolución se rechace por formalidades, y un certificado histórico objetado por estar “vencido” —cuando en realidad prueba un hecho del pasado, no una situación vigente— es exactamente el tipo de tropiezo evitable que este concepto despeja. Para contadores públicos y representantes legales que preparan este tipo de trámites, vale la pena tenerlo a mano la próxima vez que un funcionario insista en pedir un certificado con fecha de ayer para acreditar un hecho de hace tres años.

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El Grupo Asesor Europeo de Información Financiera (EFRAG, por sus siglas en inglés) publicó el 1 de septiembre el borrador de la lista de datos a reportar bajo las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS, por sus siglas en inglés) revisadas. El documento no introduce requisitos nuevos de fondo, sino que precisa, dato por dato, qué información concreta deben revelar las empresas sujetas a este régimen, junto con herramientas interactivas y referencias comparativas frente a versiones anteriores de los estándares. EFRAG también adelanta que preparará, en una etapa posterior, un borrador de taxonomía XBRL para que ese reporte pueda presentarse en formato digital estructurado.

Los comentarios sobre el borrador se reciben hasta el 23 de octubre de 2026, y quienes detecten errores graves en la lista pueden reportarlos a través de una encuesta habilitada en línea, un canal más ágil que el proceso de comentarios formal para correcciones que no admiten espera.

Aunque las ESRS son normativa de la Unión Europea, el ejercicio interesa de cerca a las firmas de auditoría y a los preparadores de información financiera en Colombia con matrices, filiales o clientes que reportan bajo ese régimen, así como al proceso de convergencia hacia las NIIF de Sostenibilidad que adelanta el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. La lógica detrás de una lista de datos tan detallada es, en el fondo, la misma que persigue cualquier auditor: que la revelación diga exactamente lo que tiene que decir, ni una coma de más ni una cifra de menos.

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La Asociación de Contadores Públicos Colegiados (ACCA, por sus siglas en inglés), en un trabajo conjunto con UK Finance publicado el 1 de septiembre, planteó siete recomendaciones para simplificar el reporte de sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas. La lista incluye crear criterios de reporte consistentes según sector, ubicación y tamaño de la compañía; ajustar las exigencias a la capacidad real de cada organización; consolidar en un solo lugar los subsidios y herramientas de apoyo disponibles; usar métricas proporcionales, como emisiones por empleado o por unidad de ingreso, en lugar de cifras absolutas pensadas para una multinacional; distribuir las guías a través de los contadores de confianza de cada empresa; diseñar mecanismos donde las pymes reciban algo a cambio de compartir sus datos, y ofrecer estándares abiertos y prácticos en lugar de manuales que solo un especialista puede descifrar.

El dato que sostiene todo el argumento es contundente: el 74 % de las pymes encuestadas no entiende qué significa el “alcance 1, 2 y 3” de las emisiones, la clasificación básica sobre la que se construye cualquier inventario de gases de efecto invernadero. La falta de estandarización y la duda sobre el beneficio comercial de reportar empataron en un 50 % de las respuestas, y el exceso de plataformas y solicitudes distintas apareció en el 44 %.

Para las firmas colombianas que empiezan a asesorar pymes en su tránsito hacia el reporte de sostenibilidad, el mensaje de fondo es útil incluso fuera del contexto europeo: si la terminología técnica termina siendo el principal obstáculo, ninguna exigencia normativa avanza mucho sin que alguien —usualmente el contador de cabecera— la traduzca primero al idioma del negocio.

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó, junto con la OCDE, el informe “Investigating Professional Money Laundering, Underground Banking, and the Use of Hawala and Other Similar Service Providers” (“Investigación del lavado de activos profesional, la banca clandestina y el uso del hawala y otros proveedores de servicios similares”), fechado el 3 de septiembre. El hallazgo central es serio: más del 80 % de las jurisdicciones que participaron en el estudio identificó la banca clandestina y los proveedores tipo hawala como el principal canal o técnica de lavado de activos de carácter profesional, con casos documentados que superan los 500 millones de euros lavados en apenas unos meses a través de estas redes

El informe describe una evolución hacia esquemas de “lavado de activos como servicio”, con estructuras comercializadas y redes profesionales que operan de forma transfronteriza. Cerca del 70 % de las jurisdicciones consultadas identificó, además, una creciente integración tecnológica en estas operaciones: aplicaciones de mensajería cifrada para coordinar transacciones, billeteras digitales y plataformas fintech para mover fondos, activos virtuales y monedas estables para liquidar operaciones entre operadores, y herramientas basadas en inteligencia artificial, incluidas aplicaciones diseñadas específicamente para operar esquemas de hawala. Estos sistemas ya no sirven solo al narcotráfico tradicional: el informe documenta su uso para canalizar recursos provenientes de fraude, cibercrimen, financiación del terrorismo y crimen organizado.

Para las áreas de cumplimiento, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y revisoría fiscal en Colombia, el informe es un insumo directo para actualizar la matriz de riesgo de SAGRILAFT y los programas de transparencia y ética empresarial, sobre todo en operaciones con contrapartes o corredores de fondos en jurisdicciones donde estos canales informales siguen siendo la norma y no la excepción.

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La AICPA aprobó, el 19 de agosto, la nueva norma de auditoría SAS 151 (“The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements”, es decir, las responsabilidades del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros), que reemplaza a la SAS 122 y, en particular, a su sección sobre consideración del fraude. La norma entra a regir para auditorías de periodos que terminen el 15 de diciembre de 2028 o después, aunque admite adopción anticipada para quien no quiera esperar hasta entonces

El cambio de fondo está en el punto de partida del trabajo del auditor: la identificación y evaluación de riesgos de fraude debe hacerse con más rigor desde la propia etapa de evaluación de riesgos, no como un anexo que se revisa al final. La norma exige también que el auditor entienda cómo funcionan los mecanismos de denuncia interna o los canales de reporte de irregularidades de la entidad auditada, amplía los procedimientos que deben aplicarse cuando se identifica o se sospecha fraude, y refuerza las comunicaciones con la administración y los órganos de gobierno corporativo. La definición misma de fraude y el objetivo general del auditor no cambian; lo que cambia es la exigencia de escepticismo profesional a lo largo de todo el proceso.

La norma aclara, de paso, algo que conviene tener presente antes de que alguien lo use como excusa: la responsabilidad principal de prevenir y detectar el fraude sigue siendo de la administración, no del auditor. Para las firmas colombianas que auditan bajo normas de aseguramiento adoptadas localmente y, en paralelo, atienden clientes o redes con reporte bajo normas estadounidenses, la SAS 151 marca la dirección hacia la que se mueve la exigencia internacional en materia de fraude, y conviene empezar a planear el ajuste metodológico con tiempo de sobra.

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El Consejo de Supervisión Contable de Compañías Públicas de Estados Unidos (PCAOB, por sus siglas en inglés) publicó el 13 de agosto sus resultados de inspección para 2025, y la mejora en las firmas más grandes fue difícil de pasar por alto. La tasa combinada de deficiencias de tipo Parte I.A entre las cuatro grandes firmas de auditoría cayó a 8 %, frente al 20 % de 2024 y al 26 % de 2023. Por firma individual, Deloitte y EY quedaron empatadas en 5 % (venían de 14 % y 28 % respectivamente en 2024), PwC bajó a 9 % desde 16 %, y KPMG a 13 % desde 20 %. El PCAOB revisó 64 auditorías de cada una de las cuatro grandes firmas.

Las firmas medianas también mejoraron, aunque desde una base bastante más alta: BDO redujo su tasa de deficiencias a 34 % (desde 60 % en 2024 y 86 % en 2023), sobre 29 auditorías revisadas, y Grant Thornton bajó a 33 % (desde 48 %), sobre 27 auditorías. El área más examinada en el conjunto de inspecciones, según el reporte, fue ingresos y las cuentas relacionadas con su reconocimiento, el terreno donde tradicionalmente se concentran los ajustes más delicados de cualquier auditoría

Para las firmas colombianas afiliadas a redes internacionales, o que simplemente usan estos resultados como punto de comparación de calidad, la tendencia de tres años consecutivos de mejora en las grandes firmas —frente a una brecha que se mantiene, aunque se cierra, en las medianas—es una fotografía útil de hacia dónde se mueve el estándar de la industria y qué tan rápido

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El Comité Ejecutivo de Ética Profesional (PEEC, por sus siglas en inglés) de la AICPA anunció, el 31 de agosto, que prepara una nueva reexposición de su guía de independencia del auditor, prevista para octubre o noviembre de 2026, con adopción final estimada para mayo de 2027. El motivo tiene dos frentes que, hasta hace poco, no compartían la misma discusión regulatoria: el impacto del capital privado en las estructuras alternativas de práctica de las firmas de auditoría, y la creciente influencia de la inteligencia artificial en el trabajo de auditoría propiamente dicho.

La ambigüedad que el PEEC busca resolver es concreta —cuándo el uso de herramientas de inteligencia artificial con licencia de un tercero cruza la línea hacia un conflicto de independencia, y cómo se distingue ese riesgo del que surge cuando la firma recibe inversión de capital privado. Christina Ho, exmiembro del PCAOB, advirtió que de las 81 cartas de comentarios recibidas hasta ahora, ninguna provino de una empresa de tecnología, lo que en su opinión deja un vacío de perspectiva que podría terminar beneficiando a las firmas grandes con capacidad de desarrollar su propia tecnología de auditoría, frente a las firmas más pequeñas que dependen de herramientas de inteligencia artificial licenciadas a terceros

El debate llega en un momento en que varias firmas medianas y grandes, también fuera de Estados Unidos, exploran alianzas con fondos de capital privado y adoptan herramientas de inteligencia artificial en sus flujos de auditoría. Para las firmas colombianas que evalúan este tipo de alianzas o herramientas, vale la pena seguir de cerca hacia dónde se mueve el estándar de independencia en un mercado que, como el estadounidense, suele marcar la pauta con algunos años de ventaja.