La profesión al día – Boletín 4

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La DIAN amplió a Manizales la prórroga de suspensión de términos administrativos que ya regía para Pereira, Buenaventura y Tuluá, como consecuencia de los daños causados por el sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 012660 de 2026 y fue anunciada a través del Comunicado de Prensa No. 115 de 2026.

Mientras dure la suspensión, que se extiende hasta el 11 de septiembre, no corren los plazos para trámites administrativos, para responder requerimientos ni para presentar recursos ante la entidad en la jurisdicción de Manizales. La DIAN fue explícita en un punto que suele generar confusión entre contribuyentes: la suspensión afecta los términos procedimentales, no los vencimientos de las obligaciones tributarias sustanciales. Es decir, declarar y pagar sigue corriendo por cuerda separada, salvo que exista una disposición especial que diga lo contrario para esa jurisdicción puntual.

Los términos se reanudan el 14 de septiembre, así que contadores públicos y asesores tributarios con clientes o procesos activos en Manizales tienen hasta esa fecha para calcular de nuevo sus calendarios de vencimientos procedimentales, sin que el paréntesis administrativo se confunda con una prórroga general de la temporada fiscal. Vale la pena llevar registro escrito de qué trámites quedaron congelados y desde cuándo, porque la reconstrucción de plazos suspendidos suele dar más dolor de cabeza que la suspensión misma.

Para las firmas con presencia en el eje cafetero, el episodio confirma un patrón que ya se venía dibujando desde las prórrogas de Pereira, Buenaventura y Tuluá: la DIAN está dosificando estas suspensiones municipio por municipio, según la evaluación técnica de daños, en lugar de decretar una pausa regional uniforme.

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La Superintendencia de Sociedades, mediante el Oficio 220-315475 de 2026, resolvió una duda que aparece con más frecuencia de la que cualquier área de tesorería quisiera: qué hacer con los dividendos decretados a favor de un accionista que fallece antes de cobrarlos. La respuesta de fondo es que la sociedad no puede simplemente prorratear el pago entre los herederos que se presenten a reclamar, por más legítimo que parezca el gesto.

El oficio recuerda que las acciones son indivisibles frente a la sociedad, así que el pago de los dividendos debe hacerse a un representante único de la sucesión: el albacea con tenencia de bienes, si lo hay, o la persona que designe la mayoría de los sucesores. Cuando no hay consenso entre los herederos sobre quién los representa, la Superintendencia deja la decisión en manos del juez del domicilio social, y no del comité de accionistas ni de la buena voluntad del representante legal.

Mientras no exista una persona legitimada para recibir el pago, los dividendos deben permanecer contabilizados en el pasivo externo de la compañía, sin que la administración tenga vía libre para reconocerlos como un ingreso extraordinario. La sociedad conserva, eso sí, la posibilidad de acudir al pago por consignación judicial para evitar caer en mora frente a una obligación que, por razones ajenas a su voluntad, no puede honrar directamente. El oficio precisa además que el derecho a reclamar dividendos prescribe en tres años desde que la obligación se hizo exigible, pero esa prescripción no opera de forma automática: requiere una declaración judicial previa, y solo después de la sentencia la administración puede cancelar el pasivo.

Para contadores públicos y revisores fiscales que acompañan procesos sucesorales con participaciones societarias de por medio, el oficio deja una hoja de ruta clara sobre qué provisionar, cuándo consignar y cuándo, por fin, dar de baja el pasivo sin que eso se convierta en una casilla de auditoría con mala fama.

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El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA, por sus siglas en inglés) publicó los resultados de su iniciativa “Profession Ready”, una investigación con más de 1.000 miembros y otras partes interesadas sobre qué necesitan realmente los contadores públicos recién graduados para desempeñarse bien en su primer empleo. La conclusión central, firmada por Carl Mayes, vicepresidente de Ética y Calidad de Firma de la AICPA, es que la preparación profesional dejó de ser un asunto de una sola dimensión: no basta con saber contabilidad, hay que saber aplicarla en contexto.

El documento identifica nueve competencias que, según los participantes, marcan la diferencia entre un profesional listo para trabajar y uno que necesita meses de acompañamiento adicional: fundamentos contables aplicados, comprensión del negocio, habilidades de investigación práctica, comunicación clara, pensamiento crítico, manejo eficiente de Excel y herramientas tecnológicas básicas, profesionalismo, juicio crítico frente a la inteligencia artificial y confianza para resolver problemas sin esperar instrucciones paso a paso. El orden no es casual: la lista pone la hoja de cálculo por delante de la inteligencia artificial, un recordatorio de que la automatización no reemplaza los fundamentos, apenas les cambia el envoltorio.

Sobre el uso de la inteligencia artificial en particular, el informe insiste en que la herramienta debe usarse con mentalidad crítica y revisión humana apropiada, no como sustituto del juicio profesional. La AICPA anunció que, con base en estos hallazgos, publicará a comienzos de 2027 un borrador público de un Marco de Habilidades y Competencias para consulta de la profesión.

Aunque la iniciativa nace en Estados Unidos, el mensaje aterriza sin traducción en Colombia: los programas de contaduría pública, las firmas que reciben practicantes y los propios recién egresados vienen discutiendo exactamente la misma tensión entre dominio técnico y habilidades blandas, justo cuando la inteligencia artificial generativa empieza a aparecer en las hojas de vida como una competencia más.

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Un inversionista neoyorquino, identificado en la demanda como Cohen New York, presentó una acción legal en Estados Unidos contra Deloitte por su trabajo como auditor del fondo de cobertura Mars FX entre 2020 y 2023, según reportó el sitio especializado Going Concern con base en información del Australian Financial Review. El reclamo apunta a que cerca de 600 millones de dólares desaparecieron del fondo, cuyo fundador es un exbanquero de Sídney, y que Deloitte emitió opiniones de auditoría sin salvedades durante cuatro años consecutivos a pesar de que, según los demandantes, la firma pudo haber tenido conocimiento de que los ejecutivos del fondo estaban incumpliendo sus deberes fiduciarios.

El dato que más llama la atención en el expediente es el patrón de rentabilidad reportado: Mars FX habría declarado cero pérdidas mensuales durante los cuatro años previos a su colapso, una regularidad que, en el mundo de las inversiones, suele ser motivo de celebración o de sospecha, y rara vez de ambas cosas a la vez. La demanda sostiene que esa uniformidad debió activar procedimientos de auditoría más profundos sobre la valoración de los activos del fondo, en línea con lo que exigen las normas de auditoría frente a señales de alerta de fraude.

El caso todavía está en etapas iniciales y Deloitte no se ha pronunciado públicamente sobre las alegaciones en los términos reportados por la prensa especializada. Para las firmas de auditoría y los comités de auditoría que supervisan fondos de inversión, el episodio vuelve sobre una lección conocida pero que conviene repasar cada vez que aparece un nuevo caso: una serie de resultados financieros sin sobresaltos, sostenida durante años, no es sinónimo de gestión impecable, y a veces es exactamente lo contrario.

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Mientras el regulador de valores de Australia (ASIC) revisa 551 quejas por presunta mala conducta en auditorías realizadas por las firmas más grandes del mercado, el debate sobre la rotación obligatoria de auditor volvió a encenderse en ese país, según el resumen de Going Concern sobre reportes del Australian Financial Review. La propuesta en discusión plantea obligar a las entidades de interés público a cambiar de firma auditora cada 20 años, un plazo que a primera vista suena generoso, pero que ya generó una división clara dentro del sector.

PwC, KPMG y Deloitte se opusieron a la medida y advirtieron que forzar la rotación resultaría costoso, arriesgado y terminaría afectando la calidad de la auditoría, en la medida en que un nuevo auditor necesita tiempo para conocer a fondo un cliente complejo antes de poder ejercer el mismo nivel de escrutinio que uno con años de relación. Grant Thornton y BDO, dos firmas medianas que compiten por esos mismos clientes de interés público, respaldaron la propuesta, aunque limitada a las entidades de interés público, un matiz que no es menor: la rotación beneficiaría justamente a las firmas que hoy tienen menos participación en ese segmento del mercado.

El contraste de posturas no debería sorprender a nadie que entienda de dónde viene cada firma en la cadena de ingresos, pero sí vale la pena mirarlo con atención desde Colombia, donde la discusión sobre independencia del auditor y rotación de firmas también ha estado sobre la mesa en distintos momentos, sin que hasta ahora se haya adoptado una obligación equivalente para los emisores vigilados por la Superintendencia Financiera. El caso australiano es un recordatorio de que los argumentos técnicos a favor o en contra de la rotación tienden a alinearse, con bastante precisión, con la posición de mercado de quien los expone.

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El investigador de seguridad Brian Krebs reportó que Microsoft publicó, en su ciclo de actualizaciones de septiembre, parches para 974 vulnerabilidades de seguridad, la cifra más alta registrada en un solo mes y muy por encima del récord anterior de 570 fallas corregidas en julio. En lo corrido del año, la compañía acumula más de 2.600 vulnerabilidades reportadas, casi el doble del récord histórico de 1.245 que se había fijado en 2020.

De ese total, 113 fueron clasificadas como críticas, es decir, con potencial de otorgar control completo del sistema afectado a un atacante remoto. Dos de las fallas corregidas, identificadas como CVE-2026-81963 y CVE-2026-85880, ya estaban siendo explotadas activamente para elevar privilegios antes de que existiera el parche, lo que las convierte en prioridad inmediata para cualquier equipo de tecnología. Krebs destacó además una debilidad crítica en el servicio DNS de Windows Server (versión 2012 en adelante) y Windows 10, explotable sin necesidad de autenticación previa, y una falla de ejecución remota de código en el shell de Windows con una puntuación de severidad de 9,8 sobre 10.

Para los usuarios domésticos, la recomendación es simple: mantener activada la actualización automática de Windows Update. Para los administradores de sistemas empresariales, la sugerencia es menos automática: monitorear fuentes especializadas como askwoody.com y el SANS Internet Storm Center antes de desplegar los parches de forma masiva, porque no es la primera vez que una actualización de este tamaño trae, de regalo, algún efecto secundario inesperado.

Para los equipos de control interno, auditoría de sistemas y cumplimiento en Colombia, el volumen de esta actualización es en sí mismo un dato relevante: entre más grande el lote de parches, mayor la ventana de tiempo en la que las organizaciones que no actualizan con disciplina quedan expuestas, y los dos días cero ya explotados activamente son, en la práctica, la parte del boletín que no admite postergación.