La profesión al día – Boletín 7

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El caso que llegó al CTCP tiene todos los ingredientes de un culebrón de propiedad horizontal. Una contadora pública, contratada por doce meses para llevar la contabilidad de un conjunto residencial, pidió en marzo un incremento del 18 % sobre sus honorarios y un retroactivo de $432.000, apoyada en que la Asamblea ya había aprobado el presupuesto del año. El Consejo de Administración se negó, porque el contrato no contemplaba ese ajuste automático. La contadora renunció el 30 de abril, pero antes de entregar el software contable causó ella misma el retroactivo que le habían negado, con una cuenta de cobro que ella misma expidió. El contador que la reemplazó se negó después a reversar ese asiento, alegando que no podía tocar registros de un colega.

El CTCP, en el concepto 2026-0204, no dejó margen de duda en ninguno de los tres frentes de la consulta. Un contador puede registrar los hechos económicos de la entidad, pero esa facultad no incluye la de crearse pasivos a favor propio sin un contrato, un acuerdo válido o una decisión del órgano competente que lo respalde, porque el artículo 46 de la Ley 43 de 1990 exige que los honorarios se pacten por escrito y una decisión unilateral no reemplaza ese acuerdo. La aprobación del presupuesto por la Asamblea tampoco resuelve la duda a favor del contador, precisó el Consejo, porque un presupuesto es una herramienta de planeación y no un contrato, de modo que una partida más alta ahí no genera automáticamente una obligación exigible.

Y en cuanto a la sucesión entre profesionales, el concepto fue igual de directo: no existe una regla contable que impida al contador actual corregir un registro solo porque lo elaboró un colega anterior, y la oposición de este último no basta, por sí sola, para frenar la corrección.

El concepto también deja una lectura de fondo para cualquier área contable, tenga o no propiedad horizontal de por medio, y es que el acceso al software no es una licencia para decidir cuánto vale el propio trabajo, y quien se cobra solo, tarde o temprano, termina rindiendo cuentas a alguien más.

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Después de más de 80 horas de debate en comisión, un foro técnico y más de 200 proposiciones radicadas, la reforma tributaria de la Alcaldía de Bogotá —tramitada como Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, junto con el 709 de 2026— llega este martes 15 de septiembre, a las 9:00 a. m., a su segundo y último debate en la plenaria del Concejo. Es el momento en que se sabrá si el articulado completo, con sus 54 artículos, queda listo para sanción o se queda en el camino.

El texto que llega a plenaria conserva los ejes ya conocidos: la sobretasa al predial para financiar el nuevo alumbrado público, con exención para los estratos 1 a 3; el incremento de tarifas de ICA limitado a tres sectores (financiero, licorero-tabacalero y comercialización de vehículos); y alivios de hasta 60 % en intereses y sanciones para contribuyentes en mora.

A esa lista se suman dos capítulos que habían tenido menos protagonismo en la discusión de comisión, como son beneficios tributarios para proyectos estratégicos en el entorno aeroportuario de Fontibón y Engativá, e incentivos para vivienda sostenible y construcción sismorresistente, un guiño evidente al terremoto que sacudió al país el mes pasado. La administración distrital proyecta un recaudo adicional de $1,2 billones anuales a partir de 2027.

El sector financiero llega a la plenaria con la oposición más organizada: Asobancaria y Colombia Fintech cuestionan el incremento del 50 % en la tarifa de ICA para actividades financieras, con el argumento de que ese mayor costo terminaría trasladado a las tasas de interés del crédito. Las áreas tributarias de empresas con operación en Bogotá deberían tener hoy la sesión en el radar. De aprobarse el proyecto, pasa a sanción del alcalde, y el nuevo cobro de alumbrado público empezaría a facturarse desde el 1 de enero de 2027.

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La Fiscalía Federal para el Distrito Central de California presentó el 9 de septiembre una acusación de 15 cargos contra Shiloh Luckey, de 42 años, fundadora y expresidenta ejecutiva de ComplYant, una plataforma de cumplimiento tributario con sede en Los Ángeles fundada en 2019. Los cargos incluyen nueve de fraude de valores, tres de fraude electrónico, uno de fraude bancario y dos de lavado de activos.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Luckey habría obtenido al menos 13,3 millones de dólares de fondos de capital de riesgo presentándose ante los inversionistas como contadora pública certificada, credencial que nunca tuvo, y entregando documentos que inflaban los ingresos, la base de clientes y las reservas de efectivo de su empresa. Parte de esos recursos se habría destinado a gastos personales: la compra de una vivienda en Inglewood, un automóvil Tesla y una boda celebrada en Anguila.

La acusación describe además un esquema de sobregiro cruzado entre cuentas bancarias, ejecutado entre septiembre y octubre de 2022, en el que Luckey habría girado un cheque sin fondos por 1,5 millones de dólares para completar la compra de esa vivienda. Los inversionistas, de acuerdo con la Fiscalía, perdieron la totalidad de lo invertido en la compañía, que ya no opera.

El caso interesa más allá de sus fronteras porque expone una falla de verificación que cualquier comité de inversión o junta directiva puede repetir: ninguna de las víctimas confirmó, antes de comprometer su dinero, que la credencial profesional invocada por la fundadora existiera realmente. Para las firmas de auditoría y las áreas de debida diligencia que evalúan levantamientos de capital, el expediente es un recordatorio de que la verificación de credenciales profesionales debería ser un paso obligatorio, no una cortesía, antes de firmar un cheque.

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El Departamento de Defensa de Estados Unidos adjudicó a Ernst & Young (EY) un contrato de auditoría por un valor máximo de 989.996.050 dólares, cerca de 990 millones, según reportó el sitio especializado Going Concern. El trabajo cubrirá los estados financieros consolidados a nivel de agencia durante los años fiscales 2027 a 2031, con fecha de finalización prevista para el 31 de marzo de 2032, y se ejecutará en Washington D. C. y otras sedes dentro y fuera del territorio continental estadounidense.

El contrato llega después de que el propio Departamento de Defensa terminara a comienzos de 2026 su relación con KPMG, que poco después decidió retirarse por completo de las auditorías federales en ese país. EY, en cambio, llega con un antecedente que pesó a su favor: en 2024 logró para el Cuerpo de Marines una opinión de auditoría sin salvedades, un resultado que ninguna otra rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses había conseguido hasta entonces.

Auditar al mayor empleador del mundo, con activos e inventarios dispersos en más de setenta países, es un ejercicio que las firmas de auditoría gubernamental llevan más de una década intentando domesticar sin éxito total; que una sola firma repita como responsable de esa tarea, ahora a una escala mucho mayor, no es un asunto menor para el gremio.

Para las firmas colombianas afiliadas a redes internacionales, el contrato deja dos lecturas distintas. Confirma que el segmento de auditoría del sector público y de defensa sigue creciendo en Estados Unidos pese a las dificultades históricas para obtener opiniones limpias, y muestra un método que funciona en cualquier jurisdicción: construir capacidad técnica específica para un cliente complejo, aunque tome varios ciclos, termina abriendo la puerta a contratos de un tamaño que ninguna propuesta comercial por sí sola habría conseguido.

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La Oficina de Responsabilidad Profesional del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) publicó en junio una guía introductoria sobre el uso responsable de la inteligencia artificial generativa en la práctica tributaria federal, y uno de sus párrafos encendió las alarmas del gremio: sugiere que los profesionales deberían trasladar a sus clientes, mediante prácticas de facturación que reflejen menos tiempo de investigación y redacción, las eficiencias que obtengan al usar estas herramientas. La guía se apoya en la prohibición de cobrar honorarios desproporcionados que establece la Circular 230 del propio IRS.

El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA, por sus siglas en inglés) le respondió al IRS que esa lectura es demasiado simple. Eva Simpson, vicepresidenta de Valor para el Miembro y Servicios Tributarios y de Asesoría de la AICPA, señaló que el planteamiento del IRS ignora la economía completa de adoptar inteligencia artificial: licencias de software, costos de implementación, requisitos de gobernanza y la inversión necesaria para capacitar al personal en su uso.

El gremio pidió al IRS aclarar que ese lenguaje no excluye modelos de cobro por valor, en los que el precio se fija según el resultado y la responsabilidad asumida por el profesional, y no según las horas efectivamente invertidas en el trabajo.

La discusión, aunque nace en Estados Unidos, toca una fibra que ya empieza a sonar en las firmas colombianas que incorporan herramientas de inteligencia artificial en su práctica tributaria y de aseguramiento: si la eficiencia que gana el profesional debe traducirse automáticamente en una tarifa menor para el cliente, o si el valor de un dictamen o una declaración bien fundamentados sigue residiendo en el juicio profesional que los respalda, así ese juicio llegue más rápido que antes.

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La AICPA anunció el 14 de septiembre que sus miembros votarán este otoño boreal dos enmiendas a sus estatutos, ambas respaldadas por la Junta Directiva y el Consejo de Gobierno de la organización. La votación, administrada de forma electrónica por la firma independiente Survey & Ballot Systems, se abrirá más adelante en la temporada y permitirá a los miembros pronunciarse sobre cada enmienda por separado.

La primera propuesta fija el 1 de julio como fecha universal de inicio para los períodos de los voluntarios de la AICPA, sincronizada con la CIMA y con la Asociación Internacional de Contadores Públicos Certificados en su conjunto, de modo que los relevos de liderazgo, las decisiones y las actividades conexas queden ordenadas bajo un mismo calendario; de aprobarse, regiría desde los períodos que comiencen en 2027.

La segunda, más de fondo, elimina el requisito de 150 horas semestrales de educación como condición para ser miembro de la AICPA, un umbral que durante años funcionó como estándar de facto para el ingreso a la profesión en Estados Unidos. La enmienda busca alinear la membresía con los modelos de licenciamiento de CPA que los reguladores estatales ya vienen flexibilizando, sin tocar los demás requisitos de elegibilidad.

La votación corre en paralelo, aunque con lógica inversa, a la propia discusión local sobre la reforma a la Ley 43 de 1990. Mientras en Colombia se debate cómo modernizar los requisitos de acceso al ejercicio profesional, en Estados Unidos el gremio más grande del mundo se pregunta si un requisito educativo adicional, pensado hace más de dos décadas para elevar el nivel de entrada, sigue cumpliendo ese propósito o si ya solo funciona como una barrera.