La profesión al día – Boletín 10

En respuesta al terremoto del 10 de agosto, la DIAN puso en marcha el Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026, expedido en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional. La norma trae un paquete amplio de alivios fiscales, aduaneros y cambiarios que los contribuyentes pueden solicitar ante la entidad hasta el 19 de noviembre, y que en varios de sus componentes aplica a todo el territorio nacional, no solo a las zonas declaradas en emergencia.

El alivio más visible llega para quienes tienen obligaciones vencidas desde antes del 10 de agosto. Si se ponen al día o corrigen sus declaraciones dentro del plazo fijado, pagarán apenas el 15 % del valor de la sanción, con una tasa de interés moratorio preferencial del 4,5 % anual. Quienes ya discuten un proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa también pueden acogerse a una conciliación con condiciones similares, aunque el porcentaje de descuento baja al 80 % si el litigio va en segunda instancia. El decreto deja claro que estas facilidades procedimentales no cobijan a los Grandes Contribuyentes.

Para quienes tienen domicilio fiscal en las zonas golpeadas por el sismo, según la delimitación de los decretos 1261 y 1348 de 2026, el paquete suma facilidades de pago hasta por dos años sin garantía o hasta por tres, con garantía personal, para deudas de hasta 6.000 UVT. También permite reprogramar por una sola vez, hasta por doce meses, las cuotas de los acuerdos de pago que ya tenían vigentes con la DIAN. Además, se habilita la donación voluntaria de saldos a favor para financiar la atención del desastre.

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó para comentarios un proyecto de circular externa que crea un capítulo completamente nuevo en la Circular Básica Financiera, dedicado a la Gestión del Riesgo de Conductas de afectación a los consumidores financieros, bautizada con la sigla GERCO.

El proyecto parte de un diagnóstico relacionado con la manipulación de información financiera, el uso indebido de datos personales, la omisión de asesoría adecuada y otras prácticas que pueden afectar la confianza de los consumidores financieros. La Superintendencia aclara que la GERCO no reemplaza al Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC) ni a los demás sistemas de control interno, sino que se articula con ellos bajo el principio de proporcionalidad.

Quienes queden cobijados por la instrucción definitiva tendrán seis meses, contados desde su publicación, para aprobar las políticas internas de gestión del riesgo de conductas y designar a los responsables. El proyecto contempla además componentes relacionados con identificación y evaluación del riesgo, control y monitoreo, y registro y comunicación.

Una contadora que lleva la contabilidad de una copropiedad consultó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública sobre la posibilidad de certificar hechos contables puntuales, como el valor de una cuota causada, la fecha de un pago o la composición de un saldo.

El CTCP señaló que el artículo 1 de la Ley 43 de 1990 faculta al contador público para dar fe pública sobre hechos propios de su profesión y que el artículo 2 incluye entre las actividades relacionadas con la ciencia contable las certificaciones expedidas con fundamento en los libros de contabilidad.

La aclaración tiene una frontera: el contador puede certificar que un hecho está registrado y soportado en los libros, pero no puede pronunciarse sobre la validez jurídica o la exigibilidad de la obligación que le dio origen. El profesional debe evaluar si cuenta con información suficiente para respaldar lo que firma.

Una contadora de la sucursal colombiana de una empresa extranjera, con el dólar como moneda funcional, consultó al CTCP si podía trasladar a resultados del ejercicio o a resultados acumulados la porción del otro resultado integral (ORI) correspondiente a diferencias en cambio de partidas que ya fueron cobradas o pagadas en dólares.

El concepto 2026-0211 responde que no es procedente esa reclasificación. La NIC 21 distingue entre las diferencias en cambio que surgen de transacciones individuales en moneda extranjera y las que surgen de convertir estados financieros completos de la moneda funcional a una moneda de presentación distinta.

Las diferencias relacionadas con la conversión de estados financieros se acumulan en un componente separado del patrimonio y solo salen de allí cuando la entidad dispone del negocio en el extranjero al que corresponden, según los párrafos 39 a 41 de la norma.

La Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la agencia estadounidense de Investigaciones de Seguridad Nacional coordinaron ocho diligencias de allanamiento en el Valle de Aburrá que terminaron con la desarticulación de una estructura dedicada, según la investigación, al contrabando y a la usurpación de derechos de propiedad industrial.

La operación dejó cinco capturas. Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a los capturados señalados en la investigación.

El operativo permitió incautar 4.455 pares de calzado avaluados en cerca de $897 millones, además de un arma de fuego tipo revólver y más de $10,6 millones en efectivo. La investigación también estableció que la organización utilizaba viviendas residenciales como bodegas de acopio.

La firma Atoz Legal Consulting examinó el calzado incautado y concluyó que no compartía las características de los productos originales de las marcas que decía representar.

El Inspector General del Tesoro de Estados Unidos para la Administración Tributaria (TIGTA) confirmó que la eliminación de los cheques de papel del IRS generó confusión entre algunos contribuyentes durante la temporada de declaraciones de 2026.

Aproximadamente 4,2 millones de contribuyentes recibieron avisos CP53E que les indicaban agregar o actualizar información bancaria mediante sus cuentas en línea del IRS para recibir reembolsos mediante depósito directo.

Según TIGTA, algunos contribuyentes encontraron ambiguas las instrucciones. El informe también señaló que numerosos destinatarios no tenían un reembolso pendiente o incluso adeudaban dinero al IRS, lo que generó dudas sobre el motivo del aviso.

Hasta finales de marzo se habían registrado cerca de 352.000 llamadas a la línea de atención dedicada al CP53E. El informe documenta además los retos que pueden surgir cuando las administraciones tributarias digitalizan procesos que anteriormente se realizaban de forma automática.