La profesión al día – Boletín 18

El Estatuto de la Oposición, la Ley 1909 de 2018, les reserva a los partidos que se declaran en esa condición una sesión plenaria al año para citar y debatir a un ministro, y esta vez el turno le tocó a Miguel Gómez Martínez, titular de la cartera de Hacienda. La plenaria de la Cámara de Representantes se tomó más de tres horas, el jueves 1 de octubre, para repasar el presupuesto general de la Nación para 2027, un ejercicio en el que la oposición y el Gobierno terminaron contando la economía del país con calculadoras distintas.

El representante Jorge Bastidas, del Pacto Histórico, defendió la gestión del gobierno saliente y señaló que el crecimiento económico ya recuperó los niveles previos a la pandemia. Su colega de bancada María del Mar Pizarro fue más allá y cuestionó la eliminación de los llamados impuestos saludables que plantea el gobierno de Abelardo de la Espriella, una medida que, según sus cálculos, le restaría 2,7 billones de pesos a rubros como cultura y al Metro de Bogotá. El representante Santiago Osorio, de la Alianza Verde, centró su intervención en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y en la reducción de la deuda pública al 24 % del PIB, mientras que el liberal Omar Francisco Vidal denunció recortes presupuestales a los departamentos, con el caso del Chocó como ejemplo, donde la merma superaría los 200.000 millones de pesos en 2027.

El ministro Gómez respondió con su propia contabilidad. Recordó que el gobierno tuvo que destinar 700.000 millones de pesos a universidades públicas y 2 billones a salud para cubrir faltantes heredados, y aprovechó para señalar que la planta de la DIAN pasó de 10.000 a 16.000 funcionarios durante el gobierno anterior sin que eso se tradujera en el cumplimiento de las metas de recaudo. Cerró señalando que, en tres horas de debate, nadie pronunció la palabra corrupción.

Para los gremios y las áreas de planeación financiera que siguen de cerca el pulso fiscal del país, el debate confirma que la discusión sobre los impuestos saludables y el tamaño del aparato recaudador sigue abierta, y que el presupuesto de 2027 todavía tiene varias costuras por coser antes de su aprobación definitiva en el Congreso.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales explicó, el 1 de octubre, por qué sus salas de atención en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga llevan semanas desbordadas, y la respuesta no tiene nada que ver con fallas del sistema. El beneficio de devolución del IVA pagado en la compra de vehículos híbridos y eléctricos, que en 2024 cubría apenas 19 unidades, hoy alcanza cerca de 92.000 vehículos, un crecimiento del 484 % que ninguna proyección inicial anticipó.

La entidad reconoció abiertamente las dificultades que han enfrentado los ciudadanos para conseguir una cita y aclaró que el derecho a pedir la devolución no caduca por la demora en el agendamiento, porque el contribuyente cuenta con un plazo de hasta cinco años para presentar su solicitud. Entre agosto y septiembre la DIAN asignó más de 6.600 citas relacionadas con este trámite, y pasó de 422 citas en la primera semana del periodo a más de 1.300 semanales hacia finales de septiembre, cerca de 200 citas diarias repartidas entre las cuatro ciudades mencionadas.

La entidad también cambió el esquema de liberación de citas, distribuyéndolas en distintas franjas horarias a lo largo del día, con el fin declarado de impedir que bots u otras herramientas automatizadas acaparen los cupos antes de que un ciudadano común alcance a verlos. Para el resto del país el trámite no exige cita presencial, basta con enviar la documentación al correo de la dirección seccional donde el contribuyente tenga registrado su domicilio fiscal.

El episodio interesa a cualquier contador que asesore clientes interesados en este beneficio, porque confirma que la demora en el agendamiento no equivale a la pérdida del derecho, y porque anticipa que la propia DIAN seguirá ajustando su capacidad operativa mientras el parque automotor eléctrico colombiano, impulsado también por exenciones arancelarias y tributarias previas, sigue creciendo a un ritmo que parece haber tomado por sorpresa a sus propias proyecciones.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales resolvió, mediante el Concepto 14735 de 2026, una duda que varias administradoras de copropiedades y sus contadores venían planteando desde que el Decreto Legislativo 173 de 2026 creó el impuesto al patrimonio transitorio para personas jurídicas, si una propiedad horizontal que explota comercialmente alguna de sus áreas comunes puede terminar debiendo también ese tributo. La respuesta de la entidad fue afirmativa, aunque con matices que conviene leer con calma antes de entrar en pánico contable.

El punto de partida es el artículo 19-5 del Estatuto Tributario, que convierte en contribuyente del régimen ordinario de renta a toda persona jurídica de propiedad horizontal que destine bienes o áreas comunes a la explotación comercial o industrial y genere algún tipo de renta (pensemos en un salón de eventos que se alquila a terceros o en locales comerciales dentro del conjunto). La DIAN explicó que, una vez activada esa condición de contribuyente de renta, se activa también, por voluntad expresa del decreto, la sujeción al impuesto al patrimonio, sin que haga falta ningún trámite adicional ni ninguna calificación separada.

El concepto aclara, eso sí, un punto que a cualquier revisor fiscal de conjunto residencial le interesa de inmediato. La base gravable solo incluye los activos propios de la persona jurídica o aquellos que le generen un aprovechamiento económico derivado de la explotación comercial, nunca los bienes comunes y proindivisos que pertenecen a los copropietarios. El salón social que se arrienda entra en la cuenta, el parqueadero comunal que nadie explota comercialmente no.

La lectura de la DIAN convence porque sigue con fidelidad su propia doctrina sobre los sujetos pasivos del impuesto (persona jurídica, contribuyente de renta y obligada a declarar) y porque respeta el principio de interpretación restrictiva de las exclusiones tributarias, sin inventar una excepción que la norma no contempla. Queda pendiente, eso sí, la pregunta práctica que la propia entidad se abstuvo de resolver por no ser de su competencia: qué metodología exacta debe usar cada propiedad horizontal para aislar ese patrimonio comercial del patrimonio común, tarea que por ahora recae enteramente sobre el contador de cada conjunto.

La Superintendencia de Sociedades delegó, mediante una resolución fechada el 29 de septiembre, las funciones de investigación administrativa relacionadas con la captación o el recaudo no autorizado de dinero del público, esa práctica que consiste en recibir recursos de terceros sin ninguna autorización legal para hacerlo y que suele terminar, tarde o temprano, en un esquema piramidal con nombre distinto cada vez. La medida traslada competencias que antes correspondían al Superintendente Delegado de Intervención y Asuntos Financieros Especiales hacia quien ocupe el cargo de Director de Investigaciones Administrativas por Captación y de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales.

Según explicó la entidad, el cambio responde al incremento sostenido de investigaciones derivadas de operaciones de captación no autorizada y busca, en sus propias palabras, fortalecer los principios de eficiencia, celeridad y descongestión administrativa. En la práctica, la resolución no toca ni el régimen legal sobre captación ilegal previsto en el Decreto Ley 4334 de 2008 ni las competencias que la ley le asigna a la Superintendencia. Su efecto principal es reemplazar una delegación atada al nombre de un funcionario específico por una delegación atada al cargo, de modo que el relevo de esa persona ya no obligue a expedir una nueva resolución cada vez.

Para las firmas de auditoría y revisoría fiscal que trabajan con fondos de inversión colectiva, cooperativas o entidades que reciben dinero del público bajo cualquier figura, el ajuste importa menos por lo que cambia que por lo que confirma: la Superintendencia sigue identificando un volumen de casos de captación ilegal lo bastante alto como para justificar una estructura de investigación más estable y menos dependiente de quién ocupe la silla en un momento dado.

El Consejo de Supervisión Contable de Compañías Públicas (PCAOB, por sus siglas en inglés) actualizó el 1 de octubre sus agendas de establecimiento de normas, reglamentación e investigación, el primer ajuste que hace tras abrir, por primera vez en su historia, un período formal de comentarios públicos sobre sus propias prioridades de trabajo. El presidente del organismo, Demetrios Jim Logothetis, explicó que la retroalimentación de inversionistas, auditores, académicos y otras partes interesadas resultó crítica para que el PCAOB cumpla su misión, y que la agenda resultante le permite concentrarse en proyectos prácticos y sensibles a los mercados de capital actuales.

Entre los proyectos normativos que quedaron priorizados figuran las cartas de comodidad, la independencia del auditor, la detección de fraude, el incumplimiento de leyes y regulaciones, y la evaluación de la continuidad de negocio en marcha, un concepto que en Colombia conocemos bien. En el frente de investigación, el PCAOB se concentrará en el impacto de los datos y la tecnología sobre la auditoría, las métricas de desempeño de firmas y encargos, y las comunicaciones con los comités de auditoría. También avanza un proyecto regulatorio sobre la inspección permanente de los agentes de bolsa.

El ejercicio interesa más allá de Estados Unidos porque muestra a un regulador de auditoría dispuesto a dejarse auditar, en sentido figurado, por quienes supervisa, antes de fijar su propia hoja de ruta. Para las firmas colombianas afiliadas a redes internacionales, la lista de prioridades del PCAOB suele anticipar, con uno o dos años de ventaja, los temas que terminan apareciendo en las discusiones técnicas locales sobre normas de aseguramiento.