La profesión al día – Boletín 30

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales resolvió, mediante el Concepto 100208192-1997 del 19 de octubre de 2026, una pregunta bastante particular: si el perro, el gato o cualquier otro animal de compañía entra en el patrimonio bruto de su dueño. La respuesta fue sí, sin matices de especie ni de tamaño.

El fundamento jurídico descansa en varios artículos del Estatuto Tributario. El artículo 261 define el patrimonio bruto como el total de bienes y derechos apreciables en dinero que el contribuyente posee el último día del año, y el artículo 263 agrega que basta con el aprovechamiento económico del bien, sin exigir que produzca ingresos, para que haya posesión fiscal. Una mascota cumple ambos requisitos, aunque jamás genere un peso de renta, porque lo que la convierte en activo no es su rentabilidad sino su valor comercial y la relación de dominio que su dueño ejerce sobre ella.

El concepto distingue dos escenarios para fijar ese valor. Si el animal se compró, el costo fiscal sigue la regla general de los artículos 61, 69 y 267 del Estatuto Tributario, que establecen que es el precio de adquisición más los gastos directamente atribuibles hasta que quede disponible para su uso, sin que la comida, las vacunas o la peluquería entren en esa cuenta porque son manutención, no costo del activo. Si se adoptó o se recibió por herencia o donación, sin que medie un desembolso demostrable, el costo fiscal queda en cero pesos, y la entidad fue clara en que tampoco se admite inflar esa cifra con un avalúo sentimental.

En el plano del derecho civil, la Ley 1774 de 2016 modificó el artículo 655 del Código Civil para reconocer a los animales como seres sintientes, pero los mantuvo clasificados como bienes muebles semovientes, apenas con un parágrafo adicional sobre su naturaleza. La norma nunca los sacó de la categoría de bienes, de modo que la sensibilidad del animal y su condición de activo patrimonial conviven sin contradicción, por más que a algún contribuyente le cueste conciliar las dos ideas mientras llena el formulario.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó, mediante sentencia del 27 de agosto de 2026 (radicado 05001-23-33-000-2018-02486-01, expediente 29986, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello), la liquidación oficial con la que la DIAN le adicionó más de $9.052 millones en ingresos no declarados a Víctor Alonso Gómez Aristizábal, propietario del establecimiento Niñolandia el Supermarket del Regalo, por la renta del año gravable 2014.

El origen del hallazgo fue una cuenta de Bancolombia que nunca apareció en la contabilidad del negocio. La DIAN no se quedó en los extractos bancarios. Cruzó esa información con la certificación de un tercero, la Universidad de Antioquia, que pagaba a esa misma cuenta por sus compras, y con una visita de verificación en la que el propio contribuyente, al preguntársele si las consignaciones y las ventas por datáfono correspondían a ingresos de su negocio, respondió sin rodeos, «Sí, doctora». Su contadora, por su parte, admitió que la contabilidad no registraba los ingresos día a día sino con un consolidado mensual por caja.

La Sala expresó que la glosa no se basa en una sola prueba aislada sino en la valoración conjunta de todo el material probatorio, y recordó que cualquier revisor fiscal debería tener claro que una vez la DIAN demuestra ingresos no contabilizados, se desvirtúa la presunción de veracidad de la declaración privada y el contribuyente queda obligado a probar que esos recursos no son renta gravada. Gómez Aristizábal no ofreció ninguna explicación alternativa, ni un préstamo ni un traslado entre cuentas propias, y su propia contabilidad jugó en su contra porque la DIAN acreditó de forma independiente que no tenía kárdex ni control de inventarios. La Sala también rechazó el reconocimiento de costos presuntos del artículo 82 del Estatuto Tributario, al recordar que esa norma no exime al contribuyente de probar que los costos efectivamente existieron.

El fallo exige prueba conjunta en vez de una sola fuente aislada, estándar que protege tanto al contribuyente de una glosa caprichosa como a la DIAN de una defensa construida sobre la nada. Para cualquier contador que lleve las cuentas de un negocio con movimiento de efectivo y datáfono, el expediente 29986 es un recordatorio incómodo de que una cuenta bancaria sin registrar no se vuelve invisible por no aparecer en los libros; solo se vuelve más difícil de explicar cuando alguien más la encuentra primero.

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá expidió la Resolución No. DDI-042682 del 19 de octubre de 2026, con la que modificó de forma excepcional el calendario para presentar la información exógena distrital del año gravable 2025, ya fijado desde julio mediante la Resolución DDI-024115. El cambio no nace de una decisión de política tributaria sino de una falla más prosaica, pues las interrupciones y fallas en los servicios tecnológicos de la entidad dificultaron el cargue de los reportes en los días previos.

El nuevo cronograma traslada los vencimientos y los ejecuta de forma escalonada según el último dígito del NIT o la cédula del aportante, entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre de 2026. Para quienes tenían identificaciones terminadas en 2, 3 y 4, cuyos plazos originales vencían justo en medio de las fallas del sistema, la Secretaría abrió además una ventana especial de cumplimiento, sin sanción por extemporaneidad, hasta el mismo martes 20 de octubre.

El trámite sigue siendo exclusivamente virtual, a través de la Plataforma de Información Digital Online (PIDO), la misma plataforma cuya falla originó la prórroga. Ahí está la lección de fondo para cualquier contador que dependa de un portal único para cumplir una obligación con fecha límite. El calendario oficial no protege a nadie de que el sistema que recibe el reporte se caiga precisamente la semana en que más contribuyentes intentan usarlo a la vez. La Secretaría hizo lo correcto al extender el plazo sin sanciones, aunque la prórroga no resuelve el riesgo estructural de concentrar un trámite masivo en una única puerta digital que, como ya quedó demostrado, también puede quedarse sin aire.

El senador demócrata Ron Wyden, vocero de la minoría en el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, envió cartas a los directores ejecutivos de Deloitte, EY, KPMG y PwC para preguntarles por su papel en el diseño de estrategias de planeación fiscal que, según una investigación de The New York Times, varias multinacionales usan en Malta para reducir de forma agresiva su carga tributaria en Estados Unidos.

El reportaje que detonó la indagación describe un edificio de oficinas en Malta con las luces apagadas y casi sin empleados, pese a que ahí figuran registradas las subsidiarias de clientes tan conocidos como la fabricante de calzado Crocs. Wyden sostiene que ese esquema de sociedades vacías, apoyado en figuras como el «round tripping» y el «global trending» que habilitó la reforma tributaria estadounidense de 2017, permite a las corporaciones multinacionales evitar miles de millones de dólares en impuestos sin que la esencia económica de la operación respalde el beneficio fiscal.

El episodio interesa más allá de Estados Unidos porque pone nombres propios y cifras concretas a la pregunta que cualquier norma de esencia económica intenta resolver en abstracto: si una estructura que existe solo en el papel y en una dirección postal puede sostener por sí sola un beneficio tributario legítimo. Las firmas colombianas afiliadas a redes internacionales no están en el radar de esta investigación puntual, pero el estándar de fondo económico que invoca Wyden es el mismo que ya empieza a exigir la propia DIAN en sus auditorías de precios de transferencia, así que conviene seguir el desenlace de cerca antes de que la exigencia llegue, como de costumbre, con algo de retraso desde el norte.

La Encuesta Global de Condiciones Económicas, que la Asociación de Contadores Públicos Certificados (ACCA) elabora junto con el Instituto de Contadores de Gestión (IMA, por sus siglas en inglés), encontró que la confianza de los contadores cayó ligeramente a nivel global en el tercer trimestre, aunque subió en Norteamérica, en particular en Estados Unidos.

El resultado se mueve por regiones en direcciones distintas. Norteamérica mejoró pese al peso de la inflación y los precios altos de la gasolina, mientras que Europa Occidental avanzó de forma moderada tanto en el Reino Unido como en el resto de la región, y Asia Pacífico sufrió una caída pronunciada después de haber subido con fuerza en el segundo trimestre. El nivel general de confianza sigue, de todas formas, en el rango bajo en el que se mueve desde finales de 2024, aunque ya lejos del mínimo casi histórico que tocó en el primer trimestre tras el estallido del conflicto en Oriente Medio. Alain Mulder, del IMA, lo resumió con la imagen de un pulso entre señales que mejoran y riesgos que no terminan de despejarse.

Para las firmas colombianas afiliadas a redes internacionales, la fotografía trimestral es importante por la dirección que marca. Cuando la confianza repunta primero en Norteamérica y tarda en llegar a otras regiones, suele ser también la primera señal de hacia dónde se mueve el apetito de inversión y de consultoría que termina goteando hacia las filiales locales con varios meses de rezago.