{"id":5817,"date":"2026-10-30T17:36:57","date_gmt":"2026-10-30T22:36:57","guid":{"rendered":"https:\/\/acsaudit.com.co\/?p=5817"},"modified":"2026-10-30T17:36:57","modified_gmt":"2026-10-30T22:36:57","slug":"la-profesion-al-dia-boletin-34-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acsaudit.com.co\/en\/la-profesion-al-dia-boletin-34-2\/","title":{"rendered":"La profesi\u00f3n al d\u00eda – Bolet\u00edn 34"},"content":{"rendered":"
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Actualizaci\u00f3n profesional \u00b7 Edici\u00f3n 46<\/div>\n
La Profesi\u00f3n al D\u00eda<\/div>\n
Bolet\u00edn de actualidad contable, tributaria y de aseguramiento<\/div>\n
Audit and Consulting Services SAS<\/div>\n
Viernes, 30 de octubre de 2026<\/div>\n<\/div>\n
\nActualizaci\u00f3n profesional \u00b7 Edici\u00f3n 46<\/strong><\/p>\n

Esta edici\u00f3n re\u00fane novedades tributarias y contables de inter\u00e9s para el ejercicio profesional: el proyecto de Ley de Rescate Econ\u00f3mico y cinco pronunciamientos del CTCP sobre deterioro de cuentas por cobrar, m\u00e9todo de participaci\u00f3n, independencia, funciones del revisor fiscal y reconocimiento de paneles solares en propiedad horizontal.<\/p>\n<\/div>\n

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\u00cdndice de titulares<\/div>\n
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  1. El Gobierno radica la Ley de Rescate Econ\u00f3mico, 106 art\u00edculos que suben impuestos corporativos y ampl\u00edan la devoluci\u00f3n del IVA<\/a><\/li>\n
  2. El CTCP recuerda que un alivio tributario sin flujo de caja no evita el castigo total de una cuenta por cobrar<\/a><\/li>\n
  3. El CTCP aclara qu\u00e9 debe reflejar el inversionista cuando la participada readquiere sus propias acciones<\/a><\/li>\n
  4. El CTCP ve un riesgo de autorrevisi\u00f3n en el contador que pasa de administrar una copropiedad a auditarla<\/a><\/li>\n
  5. El CTCP delimita hasta d\u00f3nde llega la fiscalizaci\u00f3n del revisor fiscal sobre el consejo de administraci\u00f3n de una copropiedad<\/a><\/li>\n
  6. El CTCP extiende a los paneles solares de una copropiedad la misma prueba que ya aplic\u00f3 a una planta de tratamiento de agua<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

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    \nEl Gobierno radica la Ley de Rescate Econ\u00f3mico, 106 art\u00edculos que suben impuestos corporativos y ampl\u00edan la devoluci\u00f3n del IVA
    \nEl Gobierno present\u00f3 un proyecto de 106 art\u00edculos que combina una reducci\u00f3n gradual de la tarifa de renta empresarial con mayores cargas laborales, cambios al IVA y al impuesto al patrimonio, adem\u00e1s de un programa de devoluci\u00f3n para hogares.<\/span>
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    Tributario \u00b7 Reforma fiscal<\/span>Semana \/ prensa especializada \u00b7 30\/10\/2026<\/div>\n

    El Gobierno de Abelardo De la Espriella radic\u00f3 el 29 de octubre de 2026 ante la C\u00e1mara de Representantes la Ley de Rescate Econ\u00f3mico, un proyecto de 106 art\u00edculos presentado en un acto p\u00fablico en la plaza de Bol\u00edvar por el vicepresidente Jos\u00e9 Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel G\u00f3mez. El texto combina dos movimientos que a primera vista chocan entre s\u00ed: reduce la tarifa general del impuesto de renta para las sociedades del 35% al 33% a partir de 2027 y al 31% desde 2028, y al mismo tiempo encarece el costo laboral al bajar de diez a dos salarios m\u00ednimos el umbral a partir del cual las empresas vuelven a pagar aportes a salud, Sena e ICBF por sus trabajadores, hoy exonerados en lo sustancial por el art\u00edculo 114-1 del Estatuto Tributario. Para los trabajadores que superen esos dos salarios m\u00ednimos, el aporte a salud a cargo del empleador tambi\u00e9n subir\u00eda del 4% a un rango entre 5,5% y 8%.<\/p>\n

    El proyecto tambi\u00e9n endurece el impuesto al patrimonio: sube el umbral desde el cual se paga, de 72.000 a 95.500 UVT, pero a\u00f1ade una tabla progresiva que antes no exist\u00eda, con una tarifa marginal de 0,5% entre 95.500 y 145.500 UVT y de 1% por encima de ese segundo tramo, vigente solo entre 2027 y 2030. En el otro extremo de la escala de ingresos, el Gobierno promete devolver la totalidad del IVA pagado a 19 millones de colombianos y hasta la mitad a otros 16,5 millones, un programa que empezar\u00eda a operar en 2028 con un anticipo pagado antes del 20 de diciembre de 2027, calculado a partir de las facturas electr\u00f3nicas y, para quien no tenga cuenta bancaria, girado por correo. La base del IVA, mientras tanto, se ensancha en otros frentes: computadores, celulares, tabletas y bicicletas perder\u00edan su exclusi\u00f3n actual, y los veh\u00edculos h\u00edbridos y el\u00e9ctricos pasar\u00edan de una tarifa del 5% a la general del 19%, ambos cambios previstos tambi\u00e9n a partir de enero de 2028.<\/p>\n

    El nombre del proyecto promete un rescate, pero reparte costos y alivios en direcciones casi opuestas: baja la tarifa de renta a las sociedades que m\u00e1s utilidades declaran, sube el costo laboral de las que m\u00e1s empleo formal sostienen, y reactiva justo el aporte parafiscal que la reforma de 2012 hab\u00eda eliminado para abaratar la contrataci\u00f3n, un rescate que rescata al fisco y le pasa la cuenta a la n\u00f3mina. Que la devoluci\u00f3n de IVA a los hogares m\u00e1s vulnerables solo empiece a operar en 2028, un a\u00f1o despu\u00e9s de que entren en vigencia casi todos los nuevos cobros, tampoco ayuda a sostener el relato de un alivio inmediato. El sitio propio del Ministerio de Hacienda permaneci\u00f3 bloqueado durante toda esta edici\u00f3n, as\u00ed que el articulado se reconstruy\u00f3 a partir de la cobertura period\u00edstica especializada que s\u00ed logr\u00f3 revisarlo, con la salvedad de que, al cierre de esta nota, el proyecto todav\u00eda no ten\u00eda n\u00famero de radicado publicado en la Gaceta del Congreso.<\/p>\n<\/div>\n<\/details>\n<\/div>\n

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    \nEl CTCP recuerda que un alivio tributario sin flujo de caja no evita el castigo total de una cuenta por cobrar
    \nEl CTCP concluy\u00f3 que un alivio tributario futuro, sin expectativa razonable de recuperar el efectivo de una cuenta por cobrar, no permite mantener ese activo en libros. Tambi\u00e9n analiz\u00f3 la clasificaci\u00f3n de ingresos por arrendamientos.<\/span>
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    Contabilidad \u00b7 NIIF 9 e impuestos<\/span>CTCP \u00b7 Concepto 2026-0242 \u00b7 29\/10\/2026<\/div>\n

    El Consejo T\u00e9cnico de la Contadur\u00eda P\u00fablica (CTCP) resolvi\u00f3, en el Concepto 2026-0242 del 18 de septiembre de 2026, la consulta de una cooperativa que manten\u00eda en su activo corriente una cuenta por cobrar de $83.282.443 contra un municipio. Un acto administrativo definitivo de la alcald\u00eda cerr\u00f3 cualquier posibilidad de devoluci\u00f3n en efectivo y ofreci\u00f3, en su lugar, un alivio de tarifa equivalente a cinco por mil (5 x 1.000) sobre el valor de las facturas de a\u00f1os futuros. La cooperativa quer\u00eda saber si ese cambio obligaba a dar de baja y castigar el 100% de la cuenta, o si pod\u00eda mantenerla registrada mientras esperaba una reclamaci\u00f3n posterior que revirtiera la decisi\u00f3n municipal.<\/p>\n

    El CTCP se apoy\u00f3 en tres p\u00e1rrafos puntuales de la NIIF 9. El 3.2.3 exige, para dar de baja un activo financiero, que expiren los derechos contractuales sobre sus flujos de efectivo; el 5.4.4 ordena reducir directamente el importe en libros bruto cuando no existan expectativas razonables de recuperaci\u00f3n, y el 3.2.12 lleva al resultado del periodo la diferencia entre el importe en libros y la contraprestaci\u00f3n recibida. Con ese respaldo, el concepto descarta que la administraci\u00f3n pueda retener en el activo corriente una proyecci\u00f3n de $25 millones en descuentos futuros basada en una expectativa verbal de la gerencia, porque la contabilidad reconoce hechos econ\u00f3micos ya realizados, no ahorros tributarios hipot\u00e9ticos. Tambi\u00e9n descarta diferir el ajuste hasta el cierre de diciembre, con apoyo en el p\u00e1rrafo 28 de la NIC 34 sobre consistencia de pol\u00edticas contables entre periodos intermedios y anuales, y en el principio de devengo del p\u00e1rrafo 1.17 del Marco Conceptual.<\/p>\n

    El segundo problema de la consulta es si los arrendamientos que la cooperativa administra mediante agencias inmobiliarias externas califican como ingreso ordinario pese a no estar reglamentados en su objeto social de ense\u00f1anza. Aqu\u00ed el CTCP fue m\u00e1s cauto. Cit\u00f3 la definici\u00f3n de ingreso de actividades ordinarias de la NIIF 15 y la de actividades de operaci\u00f3n de la NIC 7, p\u00e1rrafo 6, para concluir que la clasificaci\u00f3n depende de la sustancia del contrato, no de que la actividad est\u00e9 o no prevista en los estatutos, una lectura consistente con el enfoque general del marco conceptual de las NIIF, que mira la realidad econ\u00f3mica antes que la forma jur\u00eddica. Queda sin resolver, sin embargo, la pregunta concreta que la propia NIC 7 deja planteada sobre si el arrendamiento constituye de verdad la principal fuente de ingresos de la cooperativa o apenas una actividad residual que deber\u00eda presentarse como no operacional, justamente la duda con la que lleg\u00f3 el peticionario.<\/p>\n

    Nuestro comentario: el concepto no llega a precisar la raz\u00f3n normativa de fondo por la que este alivio nunca pod\u00eda tratarse como una subvenci\u00f3n. El p\u00e1rrafo 2(b) de la NIC 20 excluye expresamente de su propio alcance las ayudas gubernamentales que se materializan a trav\u00e9s del c\u00e1lculo de la ganancia fiscal (exenciones, cr\u00e9ditos tributarios por inversi\u00f3n, depreciaci\u00f3n acelerada, tarifas reducidas), de modo que un alivio de este tipo nunca llega a contabilizarse como una subvenci\u00f3n bajo esa norma. La NIC 12 es, en cambio, el \u00fanico marco aplicable a un alivio de esta naturaleza, y solo permite su reconocimiento cuando el hecho que lo genera ya ocurri\u00f3 y es medible, no cuando depende de una facturaci\u00f3n futura que todav\u00eda no se ha emitido. Esta precisi\u00f3n refuerza, por una v\u00eda normativa distinta de la que us\u00f3 el CTCP, la misma conclusi\u00f3n pr\u00e1ctica del concepto.<\/p>\n<\/div>\n<\/details>\n<\/div>\n

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    \nEl CTCP aclara qu\u00e9 debe reflejar el inversionista cuando la participada readquiere sus propias acciones
    \nEl CTCP explic\u00f3 c\u00f3mo debe reflejar el inversionista la readquisici\u00f3n de acciones propias de la participada: el efecto se reconoce en el patrimonio y ajusta el valor de la inversi\u00f3n, sin afectar el resultado.<\/span>
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    Contabilidad \u00b7 M\u00e9todo de participaci\u00f3n<\/span>CTCP \u00b7 Concepto 2026-0232 \u00b7 29\/10\/2026<\/div>\n

    El Concepto 2026-0232, radicado el 28 de agosto de 2026, resolvi\u00f3 la consulta de un inversionista que posee el 50% de una sociedad colombiana y contabiliza esa participaci\u00f3n por el m\u00e9todo de participaci\u00f3n, bajo control conjunto reconocido conforme a la NIIF 11 y la NIC 28. La sociedad participada readquiri\u00f3 83 acciones a cada uno de sus dos accionistas por $1.462.557.377 cada uno, con cargo a utilidades l\u00edquidas disponibles, y la asamblea decidi\u00f3 mantenerlas como acciones propias en tesorer\u00eda, sin cancelarlas ni reducir el capital social. El inversionista quer\u00eda saber qu\u00e9 deb\u00eda reflejar en su propia inversi\u00f3n frente a ese movimiento patrimonial de la participada, que no afect\u00f3 ni el resultado ni el otro resultado integral, y contra qu\u00e9 cuenta correspond\u00eda hacerlo.<\/p>\n

    El CTCP retom\u00f3 su propio Concepto 2025-0216, que ya hab\u00eda citado el oficio 115-002438 del 17 de marzo de 2025 de la Superintendencia de Sociedades sobre la readquisici\u00f3n de instrumentos de patrimonio propios, y con apoyo en la NIC 32 confirm\u00f3 que la participada registra esas acciones propias como una deducci\u00f3n directa de su patrimonio, sin que se reconozca ninguna ganancia o p\u00e9rdida en el resultado derivada de la compra, venta, emisi\u00f3n o amortizaci\u00f3n de sus propios instrumentos de patrimonio. Para el inversionista que contabiliza su participaci\u00f3n por el m\u00e9todo de participaci\u00f3n, el CTCP indic\u00f3, con apoyo en la NIC 28, que debe reconocer el efecto que le corresponda sobre su inversi\u00f3n seg\u00fan el cambio producido en los activos netos de la participada, de modo que ese efecto permanezca dentro del patrimonio del inversionista, sin pasar por el estado de resultados.<\/p>\n

    Nuestro comentario: el concepto no precisa, con cifras ni con cuenta contable concreta, cu\u00e1l es el efecto real de este movimiento en el inversionista, y conviene decirlo con ese detalle. La participada registra la readquisici\u00f3n por el valor efectivamente pagado a cada accionista ($1.462.557.377 cada uno), como lo exige el p\u00e1rrafo 33 de la NIC 32 para las acciones propias en tesorer\u00eda, y no por el valor nominal de esas 83 acciones dentro del capital social, que es una cifra muy inferior. El p\u00e1rrafo 23 de la NIIF 10 respalda la misma lectura desde otro \u00e1ngulo: un cambio en la participaci\u00f3n relativa de los socios que no implica p\u00e9rdida de control es siempre una transacci\u00f3n de patrimonio con los propietarios, nunca un hecho que genere ganancia o p\u00e9rdida en el resultado.<\/p>\n

    Esto no convierte el ajuste del inversionista en una simple partida de cruce que se compensa sola dentro de su patrimonio. El inversionista reduce el importe en libros de su inversi\u00f3n en la participada, con cargo a la cuenta espec\u00edfica de super\u00e1vit por m\u00e9todo de participaci\u00f3n que ya ten\u00eda acumulada, sin que ese movimiento pase nunca por el estado de resultados. La cuant\u00eda de esa reducci\u00f3n corresponde a la porci\u00f3n que le toca al inversionista, seg\u00fan su 50% de participaci\u00f3n, sobre el valor efectivamente pagado por la recompra, no al valor nominal de las acciones dentro del capital social de la participada. El p\u00e1rrafo 10 de la NIC 28 describe de forma literal este ajuste para los cambios que pasan por el otro resultado integral de la participada (revaluaciones, diferencias de conversi\u00f3n); extender esa misma l\u00f3gica a un movimiento patrimonial que, como esta readquisici\u00f3n, no pasa ni por el resultado ni por el otro resultado integral, es una aplicaci\u00f3n por analog\u00eda del principio general del m\u00e9todo de participaci\u00f3n, no la cita literal de un p\u00e1rrafo que trate el caso de forma expresa.<\/p>\n

    La consulta solo resulta tan limpia porque la operaci\u00f3n fue sim\u00e9trica, con 83 acciones retiradas y el mismo valor pagado a cada uno de los dos accionistas, lo que mantuvo intacto el porcentaje de participaci\u00f3n del 50% del inversionista. Una readquisici\u00f3n asim\u00e9trica entre ellos s\u00ed habr\u00eda alterado ese porcentaje y, con \u00e9l, la naturaleza misma de la influencia que el m\u00e9todo de participaci\u00f3n da por sentada, un escenario que esta consulta en particular no lleg\u00f3 a plantear.<\/p>\n<\/div>\n<\/details>\n<\/div>\n

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    \nEl CTCP ve un riesgo de autorrevisi\u00f3n en el contador que pasa de administrar una copropiedad a auditarla
    \nEl CTCP identific\u00f3 una amenaza de autorrevisi\u00f3n cuando un antiguo administrador participa en la auditor\u00eda de los mismos periodos que gestion\u00f3 y recomend\u00f3 abstenerse de deliberar sobre esos periodos.<\/span>
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    \u00c9tica \u00b7 Auditor\u00eda<\/span>CTCP \u00b7 Concepto 2026-0234 \u00b7 29\/10\/2026<\/div>\n

    Un contador p\u00fablico que ejerci\u00f3 como administrador de una propiedad horizontal durante ciertos periodos quiere integrar ahora el comit\u00e9 de seguimiento de la auditor\u00eda forense que evaluar\u00e1, precisamente, los estados financieros y la gesti\u00f3n administrativa de esos mismos periodos. La pregunta lleg\u00f3 al CTCP en el Concepto 2026-0234, radicado el 1 de septiembre de 2026, y la respuesta identifica un conflicto de inter\u00e9s con nombre y p\u00e1rrafo propios.<\/p>\n

    El CTCP ubic\u00f3 la amenaza principal en el p\u00e1rrafo 100.12 del Anexo 4 del Decreto \u00danico Reglamentario 2420 de 2015, el C\u00f3digo de \u00c9tica que describe la amenaza de autorrevisi\u00f3n cuando un profesional eval\u00faa su propio trabajo o las decisiones que tom\u00f3 bajo su propia responsabilidad. El riesgo es evidente porque quien participa en el comit\u00e9 estar\u00eda ayudando a juzgar su propia gesti\u00f3n como administrador, con la objetividad comprometida desde el punto de partida. El concepto suma a ese argumento central dos art\u00edculos de la Ley 43 de 1990, el 50, sobre el deber de independencia frente a v\u00ednculos econ\u00f3micos e intereses comunes con la entidad auditada, y el 51, que inhabilita a un contador para aceptar funciones de auditor externo de una entidad donde fue empleado antes de que transcurran al menos seis meses desde que ces\u00f3 en ese cargo.<\/p>\n

    El CTCP pide al profesional abstenerse de las deliberaciones y decisiones del comit\u00e9 relacionadas con los periodos en que administr\u00f3 la copropiedad, una salida m\u00e1s moderada que excluirlo por completo del comit\u00e9 o inhabilitarlo frente a esa copropiedad en general. El C\u00f3digo de \u00c9tica construye su respuesta a cualquier amenaza a la independencia identificando primero el riesgo y aplicando despu\u00e9s una salvaguarda proporcional a su magnitud, no una inhabilidad autom\u00e1tica y uniforme para cualquier situaci\u00f3n, as\u00ed que la recomendaci\u00f3n del CTCP de limitar la abstenci\u00f3n del profesional a los periodos espec\u00edficos que administr\u00f3, en vez de excluirlo del comit\u00e9 por completo, sigue exactamente esa misma l\u00f3gica de proporcionalidad. El caso ilustra, de paso, que ser juez y parte rara vez funciona incluso cuando se llega con las mejores intenciones de ser imparcial.<\/p>\n<\/div>\n<\/details>\n<\/div>\n

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    \nEl CTCP delimita hasta d\u00f3nde llega la fiscalizaci\u00f3n del revisor fiscal sobre el consejo de administraci\u00f3n de una copropiedad
    \nEl CTCP delimit\u00f3 la funci\u00f3n del revisor fiscal frente al consejo de administraci\u00f3n: debe vigilar que la elecci\u00f3n y conformaci\u00f3n cumplan la ley, pero no certificar individualmente la habilitaci\u00f3n de cada consejero.<\/span>
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    Revisor\u00eda fiscal \u00b7 Propiedad horizontal<\/span>CTCP \u00b7 Concepto 2026-0230 \u00b7 29\/10\/2026<\/div>\n

    Un contador p\u00fablico que ejerce como revisor fiscal de una propiedad horizontal pregunt\u00f3 al CTCP, en el Concepto 2026-0230 radicado el 27 de agosto de 2026, qu\u00e9 tan lejos llegan sus funciones frente al Consejo de Administraci\u00f3n, si debe verificar que sus integrantes cumplan los requisitos legales para el cargo, si puede pronunciarse sobre la validez de las decisiones de la asamblea que los eligi\u00f3, y en general, cu\u00e1l es el l\u00edmite de su competencia frente a asuntos distintos de la informaci\u00f3n contable y financiera.<\/p>\n

    El CTCP respondi\u00f3 apoy\u00e1ndose en el art\u00edculo 207 del C\u00f3digo de Comercio, que define la fiscalizaci\u00f3n integral del revisor fiscal, y en el art\u00edculo 53 de la Ley 675 de 2001, que exige que el Consejo de Administraci\u00f3n est\u00e9 integrado por propietarios de unidades privadas o sus delegados. Verificar que la elecci\u00f3n y conformaci\u00f3n del consejo se ajuste a la ley y al reglamento de propiedad horizontal s\u00ed hace parte de esa labor de vigilancia. Pero el concepto traza una l\u00ednea clara entre vigilar el cumplimiento legal del proceso y certificar que cada consejero individual est\u00e1 habilitado para el cargo. El revisor fiscal no tiene que avalar la condici\u00f3n de propietario de cada candidato ni revisar poderes uno por uno: esa es una tarea administrativa de acreditaci\u00f3n, distinta de su funci\u00f3n de control. Si detecta irregularidades, debe comunicarlas a los \u00f3rganos competentes con la evidencia que recogi\u00f3, pero sus informes no anulan una elecci\u00f3n ni sustituyen a la autoridad jurisdiccional, que es la \u00fanica habilitada, seg\u00fan el art\u00edculo 49 de la misma ley, para resolver una impugnaci\u00f3n.<\/p>\n

    Convertir al revisor fiscal en una especie de notario de cada elecci\u00f3n del consejo, con la carga operativa y el riesgo profesional que eso implicar\u00eda, es exactamente el riesgo que la pregunta original dejaba entrever, y la distinci\u00f3n que traza el CTCP entre vigilar y certificar lo evita sin que haga falta forzar la lectura del art\u00edculo 207 del C\u00f3digo de Comercio ni la del art\u00edculo 53 de la Ley 675 de 2001. El concepto adem\u00e1s reafirma, citando su propio antecedente 2024-0308, el cat\u00e1logo amplio de funciones que ya le corresponden al revisor fiscal de cualquier persona jur\u00eddica, desde inspeccionar los bienes sociales hasta reportar operaciones sospechosas a la UIAF, un recordatorio oportuno para quien ejerce ese cargo en una copropiedad y a veces lo reduce, por costumbre, a la simple certificaci\u00f3n de estados financieros.<\/p>\n<\/div>\n<\/details>\n<\/div>\n

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    \nEl CTCP extiende a los paneles solares de una copropiedad la misma prueba que ya aplic\u00f3 a una planta de tratamiento de agua
    \nEl CTCP indic\u00f3 que los paneles solares instalados en una copropiedad no se reconocen autom\u00e1ticamente como activos: primero debe determinarse su naturaleza jur\u00eddica y, si procede, completar la desafectaci\u00f3n del bien com\u00fan.<\/span>
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    Contabilidad \u00b7 Propiedad, planta y equipo<\/span>CTCP \u00b7 Concepto 2026-0236 \u00b7 29\/10\/2026<\/div>\n

    Una propiedad horizontal comercial clasificada en el Grupo 2 de NIIF invirti\u00f3 $1.272.184.759 en paneles solares instalados en las terrazas de un centro comercial y pregunt\u00f3 al CTCP, en el Concepto 2026-0236 radicado el 9 de septiembre de 2026, si ese desembolso deb\u00eda contabilizarse como un activo propio de la copropiedad. La consulta llega apenas semanas despu\u00e9s de que el mismo organismo resolviera, en el Concepto 196 de 2026, una pregunta casi id\u00e9ntica sobre la infraestructura de tratamiento de aguas residuales de otra copropiedad, y desarrolla con m\u00e1s detalle la misma doctrina.<\/p>\n

    El punto de partida, tomado del Documento de Orientaci\u00f3n T\u00e9cnica No. 15, es que los bienes comunes esenciales nunca se reconocen como activos de la persona jur\u00eddica, mientras que los bienes comunes no esenciales s\u00ed pueden reconocerse una vez se cumplan ciertas condiciones jur\u00eddicas y los criterios de reconocimiento del marco t\u00e9cnico aplicable. Que la copropiedad haya financiado la instalaci\u00f3n, ejerza control sobre ella o incluso pudiera llegar a venderla no basta por s\u00ed solo para reconocerla como activo, porque antes hace falta resolver su naturaleza jur\u00eddica. Si la asamblea general decide, con fundamento en el numeral 7 del art\u00edculo 38 de la Ley 675 de 2001, desafectar los paneles como bien com\u00fan no esencial, debe completarse primero el procedimiento de desafectaci\u00f3n que exige el art\u00edculo 21 de la misma ley. Solo despu\u00e9s de ese tr\u00e1mite, y una vez transferidos a la copropiedad los riesgos y beneficios correspondientes, pueden los paneles reconocerse como propiedad, planta y equipo bajo la Secci\u00f3n 17 de la NIIF para las Pymes, aplicable al Grupo 2.<\/p>\n

    El concepto resiste la tentaci\u00f3n m\u00e1s f\u00e1cil, la de inferir el reconocimiento contable directamente del control econ\u00f3mico que la copropiedad ejerce sobre el activo, sin pasar primero por el filtro de su naturaleza jur\u00eddica bajo la Ley 675 de 2001. Que el CTCP resuelva este segundo caso con exactamente el mismo filtro jur\u00eddico usado para la planta de tratamiento confirma que la doctrina no fue una respuesta aislada a un caso puntual, sino un criterio general que el organismo est\u00e1 dispuesto a aplicar de forma consistente a cualquier bien com\u00fan no esencial, sean paneles solares, infraestructura hidr\u00e1ulica o cualquier otro activo que una copropiedad decida instalar y financiar por su cuenta.<\/p>\n<\/div>\n<\/details>\n<\/div>\n

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    Fuentes consultadas<\/div>\n