La profesión al día – Boletín 11

Cinco instituciones se sentaron en la misma mesa para intentar que la sostenibilidad, en Colombia, no termine hablando cinco idiomas distintos. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) reportó el 21 de septiembre los resultados del Diálogo institucional sobre regulación y revelaciones de información de sostenibilidad, un encuentro que reunió el 10 de septiembre en Bogotá a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Ministerio de Minas y Energía, la organización internacional GRI Colombia y la firma de abogados Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa.

El ejercicio se enmarca en el documento de Direccionamiento Estratégico que el CTCP construyó para orientar la convergencia del país hacia las normas internacionales de revelación financiera relacionada con la sostenibilidad. El objetivo central es alinear de forma eficiente las exigencias del Estado con los estándares internacionales de reporte, entre ellos las Normas NIIF S1 y S2 y los Estándares GRI.

El segundo punto de la agenda se concentró en las micro y pequeñas empresas, que representan cerca del 90 % del tejido productivo del país. Las entidades participantes coincidieron en que replicar sobre ellas las mismas cargas normativas diseñadas para grandes emisores podría dificultar su incorporación a la política de sostenibilidad. Por ello anunciaron el desarrollo de guías pedagógicas y herramientas técnicas accesibles que permitan una incorporación progresiva de las Pymes a la cadena de valor de las empresas grandes, sin comprometer su propia sostenibilidad financiera.

El Concejo de Bogotá le dedicó una sesión plenaria a la situación de la cartera distrital y a la reforma tributaria que busca destrabar parte de esa deuda. La sesión del lunes 21 de septiembre no llegó a votación y su trámite continuará en una próxima sesión.

El concejal Samir Bedoya señaló que la cartera del Distrito asciende a $12,5 billones y que de los alivios tributarios aplicados en el actual Plan Distrital de Desarrollo solo se logró recuperar el 2,4 % de ese monto. Entre 2024 y 2026, la Administración suscribió 918 acuerdos de pago, menos del 1 % del total de la deuda.

Los gremios llegaron con posiciones encontradas. Asobancaria advirtió que subir la tarifa del ICA tendría un impacto mayor sobre los bancos pequeños. Acecolombia manifestó preocupación por una carga adicional para los centros comerciales, mientras Camacol respaldó los incentivos a la inversión inmobiliaria del proyecto.

La Administración Distrital defendió la simplificación propuesta para el ICA, con rebajas de tarifa del 89,6 % para la industria y del 82,9 % para el comercio, aunque con incrementos para el sector financiero y para vehículos, licores y tabaco. También precisó que, de los $12,5 billones de cartera, $10,33 billones sí son efectivamente cobrables.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública abordó en el concepto 2026-0215 una consulta relacionada con la conversión de estados financieros de una entidad colombiana del Grupo 1 cuya moneda funcional es distinta de la moneda de presentación.

La consulta buscaba determinar a qué tasa de cambio debían expresarse los activos y pasivos del periodo comparativo al presentar los estados financieros del año siguiente y si esos saldos debían reexpresarse a la tasa de cierre más reciente.

La respuesta del CTCP señala que cada estado de situación financiera presentado, incluidos los comparativos, conserva la tasa de cambio de cierre vigente en su propia fecha, sin que el paso del tiempo obligue a reexpresar lo ya convertido. Así lo establece el párrafo 39(a) de la NIC 21.

El organismo también desarrolló un ejemplo completo con cifras, tasas de cierre, promedio e histórica, mostrando cómo el capital se convierte a la tasa histórica, las reservas y ganancias acumuladas según la fecha de su origen y la utilidad del ejercicio a la tasa promedio, mientras la diferencia resultante se acumula en el otro resultado integral.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) allanó un inmueble del barrio El Llano, en Cúcuta, y encontró una bodega con 4.250 bolsos, 1.884 pares de calzado y 460 termos, todos de procedencia extranjera y sin documentación que acreditara su legal ingreso al país.

El operativo, adelantado con apoyo de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de la Policía Nacional, dejó un avalúo aduanero de $462 millones en mercancía aprehendida. Según la entidad, más de 6.500 unidades estaban listas para distribuirse en el centro de la ciudad y comercializarse a través de plataformas digitales.

El caso también pone de relieve la importancia de la debida diligencia de proveedores. El contrabando ya no necesita solamente una bodega y un local físico para moverse; también puede utilizar plataformas digitales y redes sociales para llegar al consumidor.

La DIAN enmarcó el hallazgo dentro de su estrategia permanente contra el contrabando y la competencia desleal y anunció que continuará reforzando los controles aduaneros en distintos puntos del territorio nacional.

Por segundo año consecutivo, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) publicó un informe sobre el programa de ciberseguridad del IRS. El documento, fechado el 15 de septiembre, encontró vulnerabilidades críticas en seis de los siete sistemas de información examinados para el año fiscal 2026, equivalentes al 86 % de la muestra.

Ninguna de esas vulnerabilidades había sido corregida dentro del plazo de treinta días establecido por la propia entidad. El IRS tampoco pudo entregar a los auditores un inventario completo de su software crítico.

Entre los hallazgos puntuales, TIGTA reportó 841 cuentas de servicio con privilegios elevados distribuidas en 313 sistemas que quedaron por fuera del sistema de gestión de cuentas privilegiadas del IRS. También confirmó que el cifrado de datos en reposo, una meta que la entidad se había fijado cumplir en 2024, ahora se reprograma para el año fiscal 2027.

No todo fueron hallazgos negativos. El 72 % de las métricas revisadas alcanzó niveles de madurez avanzados y hubo avances en autenticación multifactor y en la recolección de registros de auditoría. El informe también señaló que cerca de un tercio de los sistemas de mayor valor carece de herramientas de detección y respuesta en los puntos finales de la red.