La DIAN anunció la entrada en vigor del Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026, expedido en el marco del Estado de Emergencia Económica declarado tras el sismo del 10 de agosto. El decreto trae dos capítulos de alivios: uno para todo el país y otro exclusivo para las zonas afectadas, con la salvedad de que las medidas procedimentales del capítulo territorial no aplican a los Grandes Contribuyentes, así que conviene leer la letra pequeña antes de prometerle nada al cliente.

Para todo el territorio nacional, los contribuyentes en mora por obligaciones anteriores al 10 de agosto que se pongan al día antes del 19 de noviembre acceden a una rebaja del 85 % en sanciones (pagan solo el 15 %) y a una tasa de interés moratorio preferencial del 4,5 % anual. Quienes tengan procesos contencioso-administrativos con demanda presentada antes del 10 de agosto pueden conciliar en condiciones similares: 85 % de descuento en primera instancia y 80 % en segunda, siempre pagando el 100 % del impuesto en discusión. También se habilita la donación voluntaria de saldos a favor a la Nación, con descuento tributario, y las donaciones o pagos en especie que reciban los afectados hasta 2.600 UVT ($136.172.400) por beneficiario quedan como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.

Para las zonas declaradas en emergencia, el decreto amplía las facilidades de pago hasta 24 meses sin garantía, y hasta 36 meses con garantía personal para deudas menores a 6.000 UVT, además de permitir reprogramar por una sola vez, hasta 12 meses, las cuotas de acuerdos vigentes que se atrasaron entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre. Todas las solicitudes deben radicarse ante la DIAN antes del 19 de noviembre de 2026.

Consultar fuente oficial: DIAN · Comunicado N.º 122

La DIAN intensificó las acciones de cobro sobre 330.767 obligaciones de retención en la fuente presentadas sin pago o declaradas ineficaces, que suman más de $1,28 billones. El universo incluye 75.844 personas jurídicas ($1,24 billones) y 2.680 personas naturales ($36.000 millones). Bogotá concentra más de la mitad de los casos, con 173.547 contribuyentes y un saldo superior a $602.616 millones; le siguen Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga.

La entidad recordó que una declaración de retención ineficaz es, para todos los efectos, un título con una obligación clara, expresa y exigible que puede usarse directamente en procesos de cobro coactivo, y que ya ha gestionado mandamientos de pago a 26.926 contribuyentes, oficios persuasivos penalizables a 27.255, facilidades de pago a 1.784 y embargos a 35.500 más. El llamado de la DIAN no es solo a la sociedad: es directamente a sus representantes legales.

Vale la pena que los contadores lo tengan presente en las reuniones con gerencia, porque el riesgo aquí no se queda en lo administrativo. El artículo 402 del Código Penal castiga la omisión del agente retenedor con 48 a 108 meses de prisión y multa hasta el doble de lo no consignado, y la DIAN fue explícita en recordar que esos recursos retenidos nunca fueron patrimonio de la empresa: son plata de terceros de paso por la caja, no caja menor para tapar huecos de liquidez.

Consultar fuente oficial: DIAN · Comunicado N.º 120

La Superintendencia Financiera ordenó a la Fundación FG – Administrador de Fideicomisos Civiles suspender de inmediato la captación masiva y habitual de dinero sin autorización, mediante la Resolución 1256 del 28 de agosto de 2026. Según la entidad, la fundación recibió recursos de al menos 318 personas por un total de $9.489 millones, mediante contratos de adhesión y unos «Certificados de Derechos Fiduciarios» que, en la práctica, no representaban ningún fondo de inversión colectiva real ni una administración fiduciaria efectiva.

La Superfinanciera precisó que la medida cautelar recae exclusivamente sobre los recursos captados de forma no autorizada, sin afectar las actividades lícitas que la fundación pueda desarrollar por fuera de ese esquema, y remitió copia de la resolución a la Superintendencia de Sociedades y a la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones que correspondan.

El caso es un buen recordatorio para revisores fiscales y contadores que asesoran vehículos de inversión atípicos: cuando el nombre suena más a fideicomiso que las facultades legales que realmente tiene la entidad, conviene verificar antes de firmar cualquier concepto o certificación que dé apariencia de legitimidad al esquema. La lista de captaciones no autorizadas suspendidas por la Superfinanciera en lo corrido de 2026 sigue creciendo, y no todas terminan en los titulares.

Consultar fuente oficial: Superintendencia Financiera

La Superintendencia Financiera de Colombia emitió una alerta pública advirtiendo que personas inescrupulosas se están haciendo pasar por funcionarios de la entidad, a través de llamadas telefónicas, para ofrecer supuestas tarjetas de crédito, créditos u otros productos financieros. La SFC fue enfática: la entidad no ofrece, no tramita ni gestiona ningún producto de crédito o ahorro, y cualquier llamada en ese sentido es fraudulenta.

La advertencia invita a la ciudadanía a abstenerse de entregar información personal o financiera en este tipo de llamadas, y a verificar cualquier comunicación sospechosa directamente a través de los canales oficiales de la Superintendencia. El fenómeno no es nuevo, pero su persistencia confirma que la suplantación de entidades de supervisión sigue siendo un vector de fraude activo en Colombia, particularmente contra personas mayores y población con menor familiaridad con los canales digitales.

Para los contadores públicos y asesores financieros, el episodio es una oportunidad más para reforzar con los clientes —sobre todo los de mayor edad o menor alfabetización digital— la regla básica de que ninguna entidad de supervisión ofrece productos financieros por teléfono, y que la verificación de cualquier trámite debe hacerse siempre por los canales institucionales, nunca devolviendo la llamada al número que dejó el supuesto funcionario.

Consultar fuente oficial: Superintendencia Financiera

El IAASB (el consejo de normas de auditoría de IFAC) y el IESBA (su contraparte en ética) publicaron su Informe Anual Conjunto 2025, titulado Building Trust Through Dialogue, Leadership, and Standards. Las cifras del año dan una idea de la escala del trabajo detrás de las normas que, tarde o temprano, terminan aplicándose también en Colombia: 246 reuniones estratégicas y espacios de diálogo con partes interesadas en todo el mundo, 47 publicaciones entre normas, consultas y guías de implementación, 105 miembros de junta, asesores técnicos y voluntarios de 27 jurisdicciones, y 83 traducciones de 40 publicaciones a 35 idiomas.

El informe destaca que, durante 2025, ambos consejos avanzaron en frentes como tecnología y gestión de calidad, fraude y negocio en marcha, inversión de capital privado en firmas de auditoría, y cultura y gobierno corporativo de las firmas, además de apoyar la implementación de las normas de aseguramiento de sostenibilidad y de ética e independencia recién emitidas. También se realizó la primera conferencia global del IESBA, Ethics and Audit Independence.

El presidente del IAASB, Tom Seidenstein, resumió el año como uno «de escuchar, aprender y prepararse para el futuro», mientras que la presidenta del IESBA, Gabriela Figueiredo Dias, insistió en que el liderazgo no se mide solo por emitir normas nuevas, sino por acompañar su implementación. Para los revisores fiscales y firmas de auditoría colombianas, el mensaje de fondo es que el paquete de Evidencia de Auditoría y Respuesta al Riesgo (NIA 330, 500 y 520), aún en consulta, no es un proyecto aislado: hace parte de una agenda mucho más amplia que ya está en marcha.

Consultar fuente oficial: IAASB · Informe Anual Conjunto 2025