La profesión al día – Boletín 43

La Superintendencia de Sociedades resolvió, en una providencia del 6 de noviembre de 2026, que el acuerdo de reorganización de Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol), aprobado en noviembre de 2023, carece de eficacia jurídica. La causa no fue un incumplimiento de pagos a proveedores sino un requisito administrativo que la empresa dejó pendiente durante tres años, correspondiente a la autorización del mecanismo elegido para garantizar el pasivo pensional reconocido dentro del proceso.

Según la providencia, Helicol escogió como fórmula la asunción de las pensiones de personal de tierra por parte de un tercero, Valorem S.A.S., junto con la integración al fondo Caxdac para las pensiones del personal de vuelo. El problema es que la empresa nunca radicó esa solicitud ante la Superintendencia de Transporte, la entidad llamada a autorizarla, y solo acudió al Ministerio del Trabajo, que tampoco emitió concepto favorable porque consideró que el esquema se apoyaba en un laudo arbitral de 2015 y no en los mecanismos previstos en la ley para este tipo de garantía.

El Despacho fue explícito en que ni el compromiso contractual de Valorem de fondear el pasivo ni la aprobación de los cálculos actuariales por parte de la Superintendencia de Transporte sustituyen la autorización que la norma exige, y aclaró que nada le impedía a Helicol radicar esa solicitud en los tres años transcurridos, porque la ley no supedita el trámite a tener primero aprobado el cálculo actuarial. Helicol tiene ahora quince días desde la ejecutoria de la decisión para radicar la solicitud, con la totalidad del pasivo pensional, y dos meses adicionales para obtener la autorización y el concepto favorable del Ministerio del Trabajo. Mientras persista la ineficacia, las obligaciones del acuerdo no son exigibles, aunque los gastos de administración posteriores a la admisión, como mesadas, salarios y aportes a seguridad social, deben seguir pagándose con su preferencia intacta. Si Helicol no cumple ese calendario, la ineficacia se volverá definitiva y el proceso pasará a liquidación judicial.

Nuestro comentario: la decisión del Despacho es, en el fondo, un recordatorio de que la Ley 1116 de 2006 separa con cuidado quién aprueba un cálculo actuarial de quién autoriza el mecanismo de garantía que respalda ese pasivo, y que ninguna de las dos cosas sustituye a la otra. Este caso deja una enseñanza para los revisores fiscal o contadores que participen en la estructuración de un acuerdo de reorganización con pasivo pensional, sobre el deber de seguimiento más allá de la firma del acuerdo, porque una condición pendiente durante tres años dejó de ser un simple trámite administrativo y se convirtió en el motivo que hoy pone a la compañía de nuevo al borde de la liquidación judicial.

La DIAN resolvió, en el Concepto 018691 (interno 2065) del 23 de octubre de 2026, publicado en su página web el 29 de octubre, si una persona natural obligada a llevar contabilidad por una actividad mercantil debe aplicar también el criterio de devengo del artículo 28 del Estatuto Tributario a los ingresos laborales que recibe al mismo tiempo por una relación de trabajo distinta. La respuesta fue negativa.

La entidad explicó que la obligación contable que impone el numeral 3 del artículo 19 del Código de Comercio nace de la actividad mercantil y se limita a ella, mientras que la prestación personal subordinada y remunerada que define el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo no tiene naturaleza mercantil, así que no queda cubierta por esa misma obligación de llevar libros. De ahí que cada fuente de ingreso conserve su propia regla de realización fiscal, el artículo 27 del Estatuto Tributario para quien no está obligado a llevar contabilidad, basado en el recibo efectivo del pago, y el artículo 28 para quien sí lo está, basado en el devengo contable, sin que la obligación contable de una actividad arrastre a la otra. La DIAN respaldó esa separación citando el artículo 330 del Estatuto Tributario, que ordena depurar cada cédula de la declaración de renta de manera independiente.

Nuestro comentario: la DIAN resolvió esta consulta sin salirse de su propia competencia, que el concepto mismo reconoce limitada a la interpretación de las normas tributarias, aduaneras y de fiscalización cambiaria, y en ningún momento se pronunció sobre el alcance de la obligación contable como tal. Esa pregunta sigue siendo atribución del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que el artículo 6 de la Ley 1314 de 2009 designó como el organismo de normalización técnica de las normas contables, de información financiera y de aseguramiento. La DIAN se limitó a tomar como un hecho dado la obligación que ya fija el artículo 19 del Código de Comercio y a extraer de ella su consecuencia tributaria, una obligación que nace de la condición de comerciante del artículo 10 del mismo código y se concreta en el establecimiento de comercio que esa persona organiza para los fines de su actividad, según el artículo 515, un conjunto de bienes que una relación laboral no tiene ni necesita. Quien prepara declaraciones de renta con doble fuente de ingresos puede confiar entonces en que la frontera entre cédulas no nace de una interpretación tributaria nueva sino de una distinción que el derecho mercantil viene trazando desde 1971.

La Subdirección de Fiscalización Tributaria de la DIAN actualizó, al 4 de noviembre de 2026, el listado público de resoluciones que declaran proveedores ficticios o insolventes en los términos del artículo 671 del Estatuto Tributario. El documento, publicado directamente en el sitio de la entidad, agrupa por dirección seccional el NIT, la razón social, el número y la fecha de cada resolución, junto con el medio y la fecha en que se hizo la publicación que la norma exige para que la sanción produzca efectos.

Según la revisión que este boletín hizo sobre el propio documento oficial, el listado reúne cerca de 980 declaratorias de proveedor ficticio vigentes, repartidas de forma muy desigual entre las direcciones seccionales. Bogotá concentra 455 registros, Medellín 208, Bucaramanga 89 y Cali 57, con resoluciones que van desde 2011 hasta 2026, y la publicación más reciente, correspondiente a una resolución de Bogotá, se hizo el 24 de octubre de 2026. Una segunda sección del mismo documento reúne más de 130 casos adicionales en los que la DIAN levantó la declaratoria o modificó el estado del RUT del contribuyente.

Nuestro comentario: el artículo 671 del Estatuto Tributario solo niega la deducción en renta y el IVA descontable sobre las compras hechas a partir de la fecha de publicación de la declaratoria, nunca sobre las anteriores. El riesgo real para un comprador de buena fe aparece después de esa fecha, cuando sigue comprándole al mismo proveedor sin que nadie revise si su nombre ya entró a este listado. Cruzar periódicamente la base de proveedores activos contra este documento, y no solo en el momento de vincular uno nuevo, sigue siendo la forma más simple de no enterarse, meses o años después, de que comprarle a un proveedor determinado ya dejó de ser deducible.

La Contraloría General de la República emitió una advertencia al Ministerio de Salud por los riesgos identificados en la ejecución de recursos destinados a infraestructura hospitalaria. Según el ente de control, al 30 de junio de 2026 el Ministerio registraba $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas que seguían pendientes de legalización, una cifra que por sí sola no prueba un desvío, pero sí evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento.

La Contraloría examinó una muestra de cuarenta proyectos financiados entre 2022 y 2025, con asignaciones por $1,03 billones. De ellos, veintidós proyectos, equivalentes a $541.194 millones y a 52,77% del valor de la muestra, presentan situaciones que el organismo considera merecedoras de vigilancia fiscal especial. El Contralor General, Jorge Eliécer Laverde, reiteró el riesgo inminente de pérdida de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud por retrasos, suspensiones y deficiencias en el seguimiento de las obras, y la cifra que mejor resume la magnitud del problema es otra, apenas 1,61% de los recursos asignados entre 2022 y 2025 corresponde a proyectos reportados como terminados.

Entre las deficiencias identificadas, la Contraloría enumeró estudios y diseños mal formulados, modificaciones en el alcance de los proyectos, mayores cantidades de obra no previstas e insuficiencias presupuestales, a las que se suman debilidades de trazabilidad y diferencias entre lo ejecutado y lo originalmente viabilizado, con posibles efectos sobre costos, plazos y la funcionalidad final de la infraestructura.

Nuestro comentario: el hallazgo con más peso de este informe es que apenas 1,61% de lo asignado en cuatro años llegue a buen término. Para el revisor fiscal o el auditor interno de una entidad territorial que reciba estos mismos recursos, la advertencia funciona como mapa de riesgo, y conviene revisar primero los proyectos con cambios de alcance y mayores cantidades de obra no documentadas, porque ahí es donde la Contraloría encontró la mitad del valor de su muestra en situación irregular.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) avanza en una propuesta, presentada en mayo de 2026, que reorganizaría las categorías de emisores públicos en dos grandes grupos, los grandes declarantes acelerados y el resto, al tiempo que eleva los umbrales para calificar en el primer grupo y extiende a todos los demás las facilidades y revelaciones simplificadas que hoy solo tienen las compañías más pequeñas y las de reciente crecimiento. Entre los efectos de la propuesta está exonerar a cerca del 81% de las empresas públicas estadounidenses de la auditoría de control interno sobre la información financiera que exige la sección 404(b) de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002.

El presidente de la SEC, Paul Atkins, defendió el cambio en la conferencia de Financial Executives International como una forma de simplificar un sistema que, en sus palabras, se fue acumulando con el tiempo entre estatutos y reglas de distintas épocas hasta convertirse en un rompecabezas que exige un ejército de abogados para resolverlo. Atkins añadió que el objetivo es recalibrar las exigencias según el tamaño y la antigüedad de la compañía en el mercado, y que incluso con los cambios propuestos las empresas obligadas a la atestación del auditor seguirán representando entre 94% y 95% del valor de mercado flotante total.

El Center for Audit Quality (CAQ) objetó la propuesta en una carta de julio firmada por Dennis McGowan, vicepresidente de práctica profesional del organismo, al advertir que ampliar la exención a ese 81% de emisores podría extender la dispensa más allá de lo razonable, incluso a compañías donde la revisión independiente del control interno sigue siendo relevante para los inversionistas. El CAQ cuestionó además una segunda propuesta, la de dar a cualquier empresa recién listada una gracia de cinco años sin atestación de auditor sin importar su tamaño, justo cuando compañías de gran capitalización salen a bolsa desde el primer día.

Nuestro comentario: el debate estadounidense llega en un momento en que Colombia discute, por una vía distinta, pero con una lógica parecida, cuánto se puede aliviar la carga de aseguramiento sobre entidades más pequeñas sin sacrificar la protección al usuario de la información financiera, como lo ilustra la consulta pública que el CTCP adelanta sobre la NIA para Entidades Menos Complejas. La diferencia de fondo es que la propuesta estadounidense discute si elimina la auditoría de control interno, mientras la colombiana discute cómo hacerla proporcional sin eliminarla, dos caminos que vale la pena seguir en paralelo porque llegan a conclusiones distintas sobre qué tanto puede ceder la protección al inversionista frente al ahorro de costos. Debemos recordar que, en Colombia, la exigencia de evaluación de control interno por el revisor fiscal se encuentra en el Código de Comercio y por eso se ha regulado mediante el Decreto 302 de 2015, hoy incorporado en el DURO 2420 de 2015.