La profesión al día – Boletín 9

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La Sala Plena de la Corte Constitucional dio a conocer la Sentencia C-264 de 2026, con la que declaró exequible la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional. El análisis se limitó a los vicios de trámite denunciados —si la plenaria de la Cámara cerró el debate de forma irregular al votar en bloque el texto del Senado sin discutir varias proposiciones radicadas— y no entró a examinar el contenido de fondo de la reforma.

La Corte concluyó que la Cámara solo subsanó parcialmente lo que ya le había ordenado en el Auto 841 de 2025: no debatió ni votó por separado algunos artículos con proposiciones válidamente presentadas. Devolvió entonces tres artículos completos, seis apartes de otros artículos y una proposición de artículo nuevo, entre ellos el artículo 84, relacionado con el tratamiento tributario de los pilares pensionales y la exención de renta hasta 1.000 UVT mensuales, y la norma sobre la naturaleza jurídica privada de las cuentas individuales del Pilar Contributivo.

La Cámara tiene 30 días calendario desde el 17 de septiembre para repetir ese trámite; si se requiere conciliación con el Senado, deberá surtirse en la legislatura en curso.

Para efectos prácticos, la reforma queda en dos velocidades: lo declarado exequible sin reparos entra a regir el 1.º de abril de 2027, mientras que la vigencia de los apartes devueltos depende de que el Congreso haga nuevamente el trámite correspondiente. Los departamentos de nómina y los asesores en pensiones voluntarias deberán monitorear qué ocurre con el artículo 84, dado que de él depende parte de la planeación tributaria de las pensiones altas.

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De acuerdo con los ajustes introducidos por la Resolución 000233 del 30 de octubre de 2025, el formato 1001 de información exógena —el que reporta pagos, costos y operaciones con terceros— cambia de versión para el año gravable 2026: deja la versión 10 y pasa a la versión 11.

La resolución modificó el título 3 de la Resolución Unificada 227 de septiembre de 2025 e incorporó en total 22 ajustes aplicables ya a los reportes del año gravable 2025, y otros 6 que solo entran a regir para el año gravable 2026 en adelante.

La nueva versión conserva la misma cantidad de columnas que traía la anterior, pero suma tres conceptos especiales nuevos para operaciones específicas con terceros. En la práctica, los equipos de contabilidad y tesorería deberán revisar la parametrización de sus sistemas contables antes de que arranque el reporte de la vigencia.

Aunque el formato 1001 corresponde al reporte del año gravable 2026 —que solo se presentará en 2027—, conviene empezar desde ahora el ajuste de los sistemas de información para evitar reprocesos durante el periodo de presentación.

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La Superintendencia de Sociedades expidió la Resolución 100-027492 del 20 de agosto de 2026, mediante la cual fijó la contribución que deben pagar durante 2026 las sociedades sometidas a su vigilancia o control.

La tarifa general quedó en 0,1212 centavos por cada $1.000 de activos totales, calculada sobre los activos registrados a 31 de diciembre de 2025 o el último balance disponible con corte a esa fecha en los archivos de la entidad, sin perjuicio de una reliquidación posterior.

Para sociedades en reorganización empresarial, acuerdo de reestructuración, concordato o liquidación judicial o voluntaria, la contribución quedó fija en 144,58 UVB, equivalente a $1.750.905.

El plazo de pago no es una fecha única de calendario para todas las sociedades: corre 20 días calendario desde que cada sociedad recibe su propia cuenta de cobro. Las sociedades con domicilio fiscal en Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Chocó y Cauca cuentan además con un plazo excepcional de 60 días calendario por las afectaciones del sismo del 10 de agosto de 2026.

Los revisores fiscales y contadores de sociedades vigiladas deberían confirmar en el portal de pagos de la Superintendencia la fecha exacta de la cuenta de cobro de cada cliente, ya que el no pago oportuno causa intereses de mora y puede escalar a cobro persuasivo y coactivo.

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La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores (JCC), mediante el Comunicado de Prensa N.º 12 de 2026, invitó a la comunidad contable a participar en la construcción de la nueva identidad digital de la profesión, dentro del proyecto de desmaterialización de la tarjeta profesional.

La entidad presentó el proyecto en un evento virtual transmitido por YouTube, en el que explicó que la evolución de la tarjeta de cartón plastificado hacia un formato digital busca facilitar la verificación de la vigencia y los antecedentes disciplinarios de los contadores públicos ante terceros.

La JCC habilitó un formulario de participación ciudadana abierto entre el 4 y el 20 de septiembre de 2026, mediante el cual contadores públicos, entidades prestadoras de servicios contables, instituciones de educación superior y ciudadanía en general pueden opinar sobre el diseño de la nueva Tarjeta Profesional Digital, tanto para personas naturales como jurídicas, y sobre el nombre oficial de la futura aplicación móvil.

La JCC no precisó todavía una fecha exacta de entrada en operación, pero indicó que el proyecto se enmarca en su estrategia de modernización tecnológica. Una identificación digital verificable en línea permitiría facilitar la consulta de matrícula vigente y antecedentes disciplinarios ante clientes, empleadores y entidades de control.

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El IASB (International Accounting Standards Board), organismo emisor de las NIIF, cerró la Revisión Posterior a la Implementación de la NIIF 16 Arrendamientos con una conclusión general: la norma está funcionando como se pretendía cuando fue emitida.

Los doce miembros del Consejo respaldaron por unanimidad esta evaluación general y confirmaron las decisiones preliminares que ya venían tomando en revisiones previas del proyecto.

La NIIF 16 eliminó, desde su entrada en vigor, la distinción entre arrendamiento operativo y financiero para los arrendatarios, obligándolos a reconocer en el balance un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento para prácticamente todos los contratos.

La revisión evaluó si esa exigencia mejoró la comparabilidad y utilidad de la información financiera para los usuarios, sin encontrar elementos que justifiquen una revisión de fondo de la norma en el corto plazo.

Sujeto a la aprobación del Comité de Supervisión del Debido Proceso, el IASB publicará el resumen del proyecto y el estado de retroalimentación durante el cuarto trimestre de 2026. Para las compañías colombianas del Grupo 1 que aplican NIIF 16, no se anuncian cambios inmediatos.

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El IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), el consejo de normas de auditoría de IFAC, publicó el 5 de agosto de 2026 el paquete de borradores para consulta pública de su proyecto Evidencia de Auditoría y Respuesta al Riesgo.

La propuesta contempla revisar de fondo tres normas internacionales de auditoría: la NIA 330, relacionada con las respuestas del auditor a los riesgos evaluados; la NIA 500, sobre evidencia de auditoría; y la NIA 520, sobre procedimientos analíticos.

Entre los cambios propuestos está una actualización de qué se considera evidencia de auditoría suficiente y apropiada frente a fuentes de información cada vez más automatizadas, incluidos sistemas ERP, datos externos y herramientas analíticas, además de una mayor claridad sobre cuándo los procedimientos sustantivos por sí solos ya no bastan para respaldar una conclusión de auditoría.

El IAASB abrió el periodo de comentarios hasta el 15 de diciembre de 2026 y anunció como complemento una serie de videos explicativos entre agosto y septiembre, además de una encuesta dirigida a usuarios de estados financieros auditados.

Debido a que estas normas hacen parte de la base técnica de las Normas de Aseguramiento de la Información aplicables en Colombia, las firmas de auditoría y revisoría fiscal pueden empezar a familiarizarse con el contenido del paquete mientras avanza el proceso internacional de consulta.