La profesión al día – Boletín 22

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales resolvió, mediante el Concepto 016364 del 18 de septiembre de 2026 (interno 1700), una pregunta que cualquier abogado de sucesiones termina remitiendo tarde o temprano al contador de la familia. Cuando un tercero le compra a un heredero sus derechos dentro de una sucesión todavía en trámite, ¿desde qué fecha empieza a correr el plazo de dos años que decide si la utilidad al vender esos derechos tributa como ganancia ocasional o como renta ordinaria?

La entidad fue consistente con su propia doctrina en los Oficios 33637 de 2018, 006720 de 2019 y 906494 de 2020, al precisar que el cesionario que paga por esos derechos adquiere su título mediante un negocio jurídico entre vivos con el heredero, no por causa de muerte, de modo que el tiempo de posesión se cuenta desde la fecha de la cesión onerosa y no desde el fallecimiento del causante. Participar en el proceso sucesoral o recibir la adjudicación final de los bienes no le presta al comprador el tiempo que el vendedor ya había acumulado, aunque la sentencia que aprueba la partición llegue años después de cerrado el negocio.

El concepto añade que las exenciones del artículo 307 del Estatuto Tributario, pensadas para favorecer a herederos y legatarios, no se trasladan de forma automática a quien compró esos derechos a cambio de un precio, porque su ingreso no nace de una asignación gratuita por causa de muerte sino de un contrato de compraventa como cualquier otro.

La DIAN, con este concepto, sigue sin fisuras la distinción civil entre heredar y comprar, dos títulos de adquisición que el Código Civil nunca confundió y que la propia entidad lleva ocho años aplicando con la misma vara. Para los asesores que acompañan compraventas de derechos herenciales, sobre todo en sucesiones largas donde el comprador espera la partición durante varios años, el mensaje es que el cronómetro de la ganancia ocasional arranca el día de la firma, no el día del entierro.

Una multinacional que tenía abierto un recurso de reconsideración ante la DIAN por glosas de precios de transferencia, y que pidió asistencia bajo el procedimiento de mutuo acuerdo (MAP, por sus siglas en inglés) con la autoridad tributaria del otro país involucrado, quiso saber qué pasa si ese canal diplomático termina sin acuerdo. La respuesta llegó en el Concepto 016346 del 18 de septiembre de 2026 (interno 1699).

La entidad explicó que la aceptación de la solicitud de asistencia suspende la actuación administrativa, nunca la interrumpe, así que agotado el MAP sin resultado la actuación simplemente se reanuda donde quedó. Si el contribuyente ya había presentado recurso de reconsideración antes de pedir el MAP, lo que sigue es que la DIAN expida la resolución que lo resuelve, agote así la vía gubernativa y abra la puerta, solo entonces, a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El concepto también resuelve el reverso del problema, es decir, el de quien ya estaba en un proceso judicial cuando el MAP fue admitido. La Resolución 227 de 2025 exige desistir de esas acciones o pretensiones para que la asistencia internacional pueda avanzar, y la DIAN precisa que, si el MAP termina sin acuerdo, ese desistimiento no revive de forma automática el pleito abandonado. El contribuyente tiene que evaluar de nuevo, caso por caso, si todavía puede acudir al juez.

La doctrina es razonable porque distingue con cuidado dos mecanismos que persiguen fines distintos: aliviar la doble tributación por la vía diplomática sin renunciar por eso a las garantías procesales internas, y evita que un MAP fallido deje al contribuyente sin ningún camino abierto. Para las firmas que acompañan procesos de precios de transferencia con matrices o filiales en países con convenio de doble tributación vigente con Colombia, el concepto es la hoja de ruta que faltaba para saber qué hacer el día después de que la negociación entre autoridades no llega a ningún lado.

La Superintendencia Financiera de Colombia expidió el 30 de septiembre la Resolución 1472 de 2026, que certifica el interés bancario corriente (IBC) vigente entre el 1 y el 31 de octubre, con base en la información semanal reportada por los establecimientos de crédito entre el 28 de agosto y el 18 de septiembre. Para crédito de consumo y ordinario la tasa quedó en 19,06 % efectivo anual, 43 puntos básicos por debajo del 19,49 % que rigió en septiembre, un descenso modesto pero que confirma la tendencia a la baja que ya se venía insinuando mes tras mes.

El resto del cuadro se mueve en direcciones distintas según el segmento. El crédito de consumo de bajo monto quedó en 44,44 % efectivo anual, el productivo de mayor monto en 27,50 %, el productivo rural en 20,63 % y el productivo urbano en 38,26 %; en la modalidad popular, el productivo rural llegó a 43,63 % y el urbano a 58,41 %. Con esas cifras, la Superintendencia también fija la tasa de usura de cada modalidad, que en el crédito de consumo y ordinario se ubica en 28,59 % efectivo anual y que en el popular productivo urbano trepa hasta 87,62 %.

Esta certificación mensual no es un dato decorativo para la profesión. Es el insumo obligatorio para calcular intereses remuneratorios y moratorios bajo el artículo 884 del Código de Comercio, para revisar si una cláusula de crédito corporativo roza el límite de usura del artículo 305 del Código Penal, y para el trabajo de revisoría fiscal en compañías con pasivos financieros indexados al IBC. Que la tasa general siga bajando alivia el costo de la cartera morosa, aunque los techos de usura en las modalidades populares, por encima del 87 %, recuerdan que la brecha entre el crédito formal corriente y el que de verdad llega a los segmentos más vulnerables sigue siendo ancha.

La Junta de Supervisión Contable de Compañías Públicas (PCAOB, por sus siglas en inglés) ganó el 7 de octubre un caso consolidado promovido por dos auditores anónimos, identificados en el expediente solo como Doe 1 y Doe 2, que trabajaban en firmas distintas y no tenían ninguna relación entre sí. Contra el primero, investigado desde diciembre de 2022, el PCAOB alegaba haber modificado indebidamente papeles de trabajo y haber engañado a los inspectores sobre esos documentos; contra el segundo, investigado desde septiembre de 2023, la acusación era no haber evaluado de forma adecuada estimaciones contables significativas en una auditoría de 2018.

Los dos demandantes argumentaron que el proceso disciplinario del PCAOB viola la Séptima Enmienda, que garantiza el derecho a un juicio con jurado, la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda, las cláusulas de nombramiento y de asignación de poderes del artículo II de la Constitución, la doctrina de no delegación y la cláusula tributaria del artículo I. La Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia negó esos argumentos y falló a favor del regulador. El director de la división de cumplimiento del PCAOB, George Demos, agradeció la decisión y aseguró que la entidad sigue comprometida con perseguir infracciones que pongan en riesgo a los inversionistas y la integridad de la auditoría.

La Nueva Alianza por las Libertades Civiles (NCLA, por sus siglas en inglés), que representó a los demandantes, no se quedó callada. Su presidente, Mark Chenoweth, sostuvo que los particulares no tienen por qué comportarse como fiscales del gobierno, y uno de sus abogados, Russ Ryan, describió el proceso disciplinario del PCAOB como un tribunal sin juez, sin jurado y sin ninguna rendición de cuentas ante un funcionario electo, capaz de imponer sanciones millonarias y acabar con una carrera.

La decisión parece razonable en sus propios términos, porque el Congreso de Estados Unidos sí delegó en el PCAOB la potestad de disciplinar firmas registradas y la Corte Suprema ya había avalado ese diseño institucional en el caso Free Enterprise Fund contra PCAOB de 2010, aunque con ajustes al mecanismo de remoción de sus miembros. Pero las objeciones de la NCLA tampoco son triviales, y mientras un tribunal sin jurado conserve la última palabra sobre sanciones que pueden acabar una carrera, la discusión sobre si el debido proceso quedó bien servido seguirá abierta. El debate interesa más allá de Estados Unidos porque el PCAOB inspecciona también a firmas que auditan emisores listados en ese país desde cualquier jurisdicción, Colombia incluida, y porque la pregunta de fondo, hasta dónde puede llegar un regulador no judicial antes de necesitar la garantía de un juez de verdad, es la misma que rige la potestad disciplinaria de la Junta Central de Contadores sobre los contadores colombianos.

Ernst & Young confirmó que atacantes accedieron, entre el 28 de marzo y el 12 de abril de 2026, a una plataforma externa de soporte técnico que la firma usa para atender tickets de sus equipos de impuestos, y que desde ahí descargaron documentos adjuntos con declaraciones de impuestos, nombres, direcciones, números de identificación y números de cuenta y de tarjetas de crédito o débito de varios clientes. EY detectó la actividad anómala el 23 de abril, pero las cartas de notificación a los afectados solo empezaron a salir el 13 de julio, y el Financial Times reveló el episodio públicamente dos días después.

Accounting Today confirmó el 7 de octubre, citando una fuente cercana al caso, que entre los afectados está la división de banca privada de Goldman Sachs, además del fondo de cobertura Man Group. Un portavoz del banco estadounidense precisó que los sistemas propios de Goldman no se vieron comprometidos y que los activos de sus clientes permanecen seguros, aunque reconoció que mantiene contacto permanente con EY para apoyar a quienes resultaron afectados por el incidente de seguridad de la firma. EY no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del medio.

El grupo de extorsión conocido como ShinyHunters reivindicó además haber accedido a entornos de Jira, GitHub y Azure de la firma, aunque EY no ha confirmado esas afirmaciones adicionales, y hasta julio no se había observado ningún volcado público de los datos sustraídos. Las autoridades de California, Texas, Massachusetts y Vermont ya recibieron los avisos regulatorios correspondientes.

El episodio interesa a cualquier firma colombiana afiliada a una red internacional porque el punto débil no estuvo en los sistemas centrales de EY sino en un proveedor externo de gestión de tickets, el tipo de herramienta que casi ninguna firma audita con el mismo rigor que su propia infraestructura. Para los equipos de control interno y ciberseguridad que evalúan el riesgo de terceros, el caso es un recordatorio de que la cadena de custodia de la información fiscal de un cliente es tan fuerte como el proveedor más descuidado al que la firma le dio acceso, aunque sea solo para abrir un ticket de soporte.