El Gobierno de Gustavo Petro destinará $106 billones en 2025 para cubrir la nómina de 1,16 millones de empleados públicos, un gasto que ha generado debate sobre la necesidad de reducir el tamaño del Estado. En paralelo, el Ministerio de Hacienda presentará una nueva reforma tributaria enfocada en los contribuyentes más acaudalados, con el objetivo de recaudar $12 billones. Sin embargo, la propuesta enfrenta críticas en el Congreso y sectores de la sociedad por no abordar suficientemente la reducción del gasto público.
Gobierno Petro destinará $106 billones para la nómina pública en 2025
En el presupuesto para 2025, el Gobierno colombiano ha proyectado un gasto monumental de $106 billones para cubrir la nómina de 1,16 millones de empleados públicos. Este gasto representa una parte significativa del Presupuesto General de la Nación y será difícil de reducir en los próximos años debido a su carácter obligatorio e inflexible.
De esta cifra, alrededor del 50% ($46 billones) se destinará a las regiones para pagar al personal de los sectores de salud, educación y a los empleados de las universidades públicas, cubriendo a unos 466.568 trabajadores. Asimismo, $27 billones se asignarán a seguridad nacional, incluyendo a las Fuerzas Armadas y la Policía, con un incremento del 10% respecto a 2024. La Rama Judicial, la Fiscalía y otros organismos autónomos recibirán $18,5 billones, lo que cubrirá los salarios de 87.809 funcionarios.
Llamado a reducir el gasto público
Frente a este enorme gasto, economistas y expertos han instado al presidente Gustavo Petro a tomar medidas para reducir el gasto público y evitar la necesidad de futuras reformas tributarias. El elevado costo de la nómina pública ha generado preocupación en varios sectores, especialmente cuando se espera que los programas sociales y de inversión reciban una reducción del 17,4% en 2025.
A pesar de los llamados a una revisión del gasto estatal, el Gobierno sostiene que modificar la nómina pública es una tarea compleja debido a las garantías laborales y a la obligatoriedad de muchos de estos pagos.
Nueva reforma tributaria enfocada en los más ricos
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció la presentación de una nueva reforma tributaria para recaudar $12 billones. Esta reforma, conocida como la Ley de Financiamiento, no afectará a las clases bajas ni medias, sino que estará dirigida a los ciudadanos con ingresos superiores a $1.500 millones anuales (aproximadamente $144 millones mensuales). La tarifa del impuesto de renta para este grupo de contribuyentes aumentará del 39% al 41%, afectando a más de 1.000 personas.
La reforma también incluye medidas para combatir la evasión fiscal en sectores como los juegos de azar en línea, que actualmente no pagan IVA, y limita los beneficios fiscales a vehículos eléctricos, excluyendo a los híbridos que consumen altos niveles de gasolina.
El Congreso debate la Ley de Financiamiento
El Congreso de la República ha mostrado escepticismo respecto a la necesidad de aprobar una nueva Ley de Financiamiento. Algunos sectores del Legislativo consideran que no es responsable aprobar una reforma tributaria vinculada al presupuesto sin un análisis profundo. Efraín Cepeda, presidente del Congreso, propuso discutir por separado la reforma tributaria en 2025 para evitar presiones y asegurar un debate más exhaustivo.
De seguir esta propuesta, el presupuesto de 2025 se reduciría a $511 billones, excluyendo los $12 billones que se espera recaudar con la nueva ley.
Avances en la ejecución del presupuesto 2024
En lo que va de 2024, el Ministerio de Hacienda reportó que entre enero y agosto se comprometieron $303,6 billones, el 60,3% del presupuesto aprobado para el año. Sectores clave como educación y salud mostraron niveles de ejecución elevados, con el 64% y 62% de los recursos asignados ya comprometidos. La ejecución de los rubros de inversión alcanzó el 62,6%, lo que refleja un crecimiento comparado con años anteriores.
Polémicas y puntos críticos
A pesar de los avances en la ejecución presupuestal y los esfuerzos del Gobierno para cubrir el déficit fiscal, la propuesta de la Ley de Financiamiento ha generado varias controversias. Los críticos señalan que la reforma no aborda suficientemente la reducción del gasto público y que las medidas para combatir la evasión fiscal son insuficientes. Además, se cuestiona la decisión de aumentar impuestos a los vehículos híbridos y los servicios de plataformas como Airbnb, lo que podría desincentivar la inversión en tecnologías sostenibles y turismo.
Otro punto polémico es la inflexibilidad del gasto en nómina pública, que limita la capacidad del Gobierno para reestructurar el presupuesto y destinar recursos a áreas prioritarias como inversión social. A esto se suma la inquietud de algunos congresistas, quienes consideran que aprobar una reforma tributaria sin un análisis detallado podría generar inestabilidad fiscal en el mediano plazo.
Leonardo Sánchez Ruenes
Columnista
Senior de AuditorÍa y BPO
