La profesión al día – Boletin 27

La Superintendencia de Sociedades llevó a Pereira, el 13 de octubre, su ruta itinerante “El Milagro de las Regiones”, con la que recorre el país ofreciendo diagnóstico financiero, orientación en gobierno corporativo y alternativas de financiación y salvamento empresarial a compañías que todavía sienten el golpe del terremoto del 10 de agosto. En alianza con la Cámara de Comercio de Pereira por Risaralda, la entidad organizó el encuentro “Buen gobierno y alternativas para empresas resilientes: reactivar sociedades con confianza”, instalado por la superintendente Julia Eva Pretelt Vargas junto al presidente de la Cámara, Jorge Iván Ramírez Cadavid.

La agenda no se quedó en el auditorio. El equipo de Supersociedades visitó después a Frescampo S.A.S. y Precol S.A.S., en Dosquebradas, para conocer de primera mano las afectaciones del sismo y orientar a sus administradores sobre las alternativas disponibles para sortear la crisis, un ejercicio que la entidad describe como acompañamiento a la recuperación empresarial y a la protección del empleo.

El valor de esta ruta regional es real, porque son pocas las entidades de supervisión que se desplazan físicamente hasta la empresa afectada en lugar de esperar a que la empresa toque la puerta de Bogotá.

Sin embargo, la nota de prensa no resuelve la pregunta que más le interesa a cualquier contador que asesore a una compañía en apuros. A él le interesa saber qué tan cerca está esa orientación de convertirse en una herramienta concreta, con plazos y cifras, y no solo en una visita bien intencionada.

Supersociedades ya acumula varias paradas de esta gira, Manizales entre ellas, sin que hasta ahora se conozca un balance agregado de cuántas empresas recibieron financiación efectiva o lograron un acuerdo de reorganización gracias al acompañamiento. Para las firmas de auditoría y revisoría fiscal con clientes en las zonas del sismo, vale la pena preguntarle directamente a la entidad, la próxima vez que la gira llegue a su región, cuál ha sido el resultado medible de las paradas anteriores antes de dar por hecho que la sola visita mejora las cosas.

La Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó, por unanimidad (7-0) y con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, abrir el incidente de impacto fiscal que solicitó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la Sentencia C-264 de 2026, que declaró exequible la mayor parte de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024). El Gobierno busca aplazar un año la entrada en vigencia de la reforma, hoy fijada para el 1 de abril de 2027. La Corte le dio al ministro Miguel Gómez Martínez un plazo de treinta días hábiles, contados desde la notificación del auto, para sustentar el incidente con los estudios técnicos que lo respalden, bajo advertencia expresa de declararlo desierto si ese plazo se vence sin sustentación.

El ministro radicó la solicitud el 23 de septiembre, con un argumento de calendario más que de fondo: la sentencia que avaló la reforma se conoció el 25 de agosto, apenas dos días antes de que el Gobierno radicara ante el Congreso el proyecto de presupuesto de 2027, de modo que los costos de la ley no alcanzaron a incorporarse en esa planeación. Colpensiones pidió, por su parte, el mismo año adicional, porque necesita ese tiempo para adecuar sus plataformas tecnológicas y asumir el traslado de más de siete millones de afiliados desde los fondos privados al régimen de prima media.

El mecanismo tiene sentido en abstracto porque para eso existe el incidente de impacto fiscal: para que el Estado pueda advertirle a quien falla que la cuenta no cuadra. Pero conviene no perder de vista la pregunta de umbral que el propio trámite deja abierta: si dentro de treinta días el Gobierno no sustenta con cifras duras por qué un año de margen cambia la ecuación fiscal, el incidente se declara desierto y la reforma entra a regir exactamente en la fecha que ya estaba fijada, sin que nadie haya perdido nada distinto al tiempo invertido en el trámite. Para las áreas de nómina y planeación financiera de empresas y administradoras, la recomendación práctica sigue siendo planear sobre la fecha vigente del 1 de abril de 2027 y tratar cualquier aplazamiento como una posibilidad, no como un hecho.

Un estudio de la plataforma de gestión Hub Software, publicado el 15 de octubre, revisó la configuración pública de correo electrónico de 3.609 firmas estadounidenses de preparación de impuestos, de entre dos y ocho preparadores, y encontró que el 97 % ya activó el primer nivel de protección contra la suplantación del remitente, un registro público que indica qué servidores están autorizados para enviar correo en nombre del dominio de la firma. El problema está en el siguiente escalón, puesto que apenas el 34 % configuró ese mecanismo para que de verdad bloquee o aísle el correo falsificado cuando la verificación falla, mientras que el 45 % de quienes sí tienen la política la dejaron en modo de simple reporte, sin que nada se bloquee.

El resultado neto es que solo el 29 % de las firmas quedó plenamente protegida, con los tres mecanismos de autenticación activos y en modo de bloqueo efectivo. El riesgo crece hacia abajo, ya que apenas el 32 % de las firmas de dos o tres preparadores bloquea activamente la suplantación, frente al 45 % de las que tienen entre seis y ocho, y también varía según el proveedor de correo. Solo el 12 % de quienes usan una plataforma de oficina muy extendida en la nube activó el bloqueo, frente al 37 % de quienes usan la plataforma de Microsoft.

El hallazgo interesa más allá de Estados Unidos porque describe un patrón que cualquier firma mediana colombiana puede repetir sin saberlo, al activar la primera capa de protección y quedarse ahí, convencida de que ya cumplió la tarea de ciberseguridad del año. El correo de una firma contable es, con frecuencia, la vía de entrada preferida para quien busca hacerse pasar por el revisor fiscal o el asesor tributario de confianza de un cliente, así que la recomendación del estudio —pasar la política de solo reporte a bloqueo efectivo una vez verificados todos los remitentes legítimos— es una tarea de una tarde que vale la pena agendar antes de que la necesidad la agende a la fuerza.

La Asociación de Contadores Públicos Certificados (ACCA) publicó su reporte anual “Navigating Ethics for Trust”, construido sobre una encuesta a 1.178 profesionales de finanzas y contabilidad en 135 países, más mesas de discusión cualitativa, y el resultado desplazó de un golpe a los problemas éticos de siempre. El 61 % de los encuestados señaló el uso de inteligencia artificial como el principal reto ético de la profesión en 2026, frente a apenas el 32 % que lo decía en 2024, dejando atrás al liderazgo ético y a la cultura ética, que ahora ocupan el segundo y tercer lugar con 43 % y 39 % respectivamente.

El propio reporte advierte, y conviene tomarlo en serio, que estos tres problemas no están tan separados como sugiere la lista. Buena parte de las preocupaciones sobre inteligencia artificial resultaron ser, al mirar más de cerca, preocupaciones de liderazgo y de cultura organizacional disfrazadas de preocupación tecnológica, porque lo que inquieta no es la herramienta en sí sino cómo y para qué la usa cada organización. La ACCA también encontró que el 72 % de los encuestados reconoce que estas herramientas mejoran la calidad y la eficiencia de su trabajo, y que la proporción que se siente capacitada para identificar y controlar amenazas a los principios fundamentales de la profesión cayó del 94 % en 2024 a un porcentaje menor este año, justo cuando más del cincuenta por ciento reconoce que los dilemas éticos se volvieron más difíciles de resolver en los últimos tres años.

La lectura de la ACCA, que la responsabilidad sigue siendo humana y que la inteligencia artificial debería aumentar, no reducir, el ejercicio del juicio profesional, es la correcta. Conviene no dejar que el titular sobre el primer lugar en la encuesta tape el verdadero hallazgo: la gobernanza, la rendición de cuentas y la presión comercial de cada organización siguen siendo el terreno real donde se decide si una herramienta ayuda o termina sustituyendo el criterio que un contador no debería delegar. Las firmas colombianas que ya incorporan inteligencia artificial en auditoría o en la preparación de información financiera harían bien en medir, con la misma honestidad que exige este reporte, si su propia gobernanza interna creció al mismo ritmo que la herramienta que adoptaron.