La profesión al día – Boletín 32

En un debate de control político de la Comisión de Hacienda, los concejales Donka Atanassova y José Cuesta advirtieron sobre los efectos de la Circular 0003 de la Secretaría Distrital de Hacienda, que impuso restricciones presupuestales de funcionamiento e inversión a las entidades del Distrito ante un recaudo inferior al proyectado para 2026. Según los cabildantes, las limitaciones afectan la contratación de bienes y servicios, el mantenimiento de infraestructura, la adquisición de tecnología y el cumplimiento de metas institucionales, con alertas puntuales sobre restricciones cercanas a $50.000 millones en los sectores de educación y salud.

La Administración Distrital respondió que la medida obedece a una diferencia entre lo presupuestado y lo efectivamente disponible, pues para 2026 se habían calculado $1.002.871 millones de recursos del balance de libre destinación, aunque el cierre fiscal de 2025 solo confirmó $753.586 millones, a lo que se sumó un recaudo de Industria y Comercio de $7.259.613 millones frente a una proyección de $7.569.714 millones y caídas de $86.600 millones y $50.000 millones en los dividendos esperados del Grupo Energía Bogotá y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, respectivamente. Con ese panorama, el Distrito aplicó un control preventivo parcial de apropiaciones por $301.838 millones y, al 24 de octubre, había liberado $26.039 millones, entre ellos $5.000 millones para el IDRD y $1.788 millones para el IPES.

La explicación oficial es internamente consistente, pues los números cuadran entre sí, y la lógica de activar un control preventivo cuando el recaudo real queda por debajo del proyectado es, en principio, prudencia fiscal elemental. Pero la discusión que el Concejo dejó abierta, y que la Administración no resolvió en el debate, es si una brecha de proyección que se repite año tras año en Industria y Comercio y en los dividendos de las empresas distritales debería seguir corrigiéndose con recortes reactivos a mitad de vigencia, en lugar de ajustarse desde el propio ejercicio de presupuestación, que es justamente la observación que hizo el concejal Oscar Bastidas al pedir proyecciones de ingresos más ajustadas al comportamiento real del recaudo.

Los $26.039 millones liberados hasta el 24 de octubre apenas cubren una fracción pequeña del medio billón de pesos que sigue congelado, un ritmo de descongelamiento que por ahora se parece más a un deshielo de glaciar que a una respuesta fiscal con sentido de urgencia.

El concejal Rolando González presentó cifras según las cuales, de las 754.671 personas con el beneficio aprobado dentro del programa Pasajes Gratis en septiembre, solo 380.165 recibieron efectivamente la recarga, es decir, el 50,4% del total. Las 375.000 personas restantes, el 49,6%, quedaron con el subsidio aprobado en el papel pero sin la plata en la tarjeta, una brecha que el debate de control político del Concejo dejó sobre la mesa sin que la Administración ofreciera una explicación que la cerrara.

El cabildante también señaló 774.319 bloqueos reportados en el sistema, atribuidos a inconsistencias con la Registraduría o el Sisbén, fallecimientos, tres meses sin activar el beneficio y uso indebido de la tarjeta, sin que la información presentada discriminara cuántos casos corresponden a cada causa. En el plano financiero, de los $11.441 millones aprobados para recargas en septiembre solo se activaron $6.454 millones, con lo que $4.987 millones quedaron aprobados sin que se sepa, a partir de lo expuesto en el debate, qué pasa con esos saldos ni con los rendimientos de la subcuenta fiduciaria que los administra.

Un programa social que se mide por cuántas personas figuran en una base de datos, y no por cuántas efectivamente viajan, confunde el indicador de gestión con el resultado que busca, y la ausencia de una evaluación de impacto formal, admitida en el propio debate, es un problema de diseño del indicador, no solo de ejecución. González pidió, con razón, una conciliación mensual entre seleccionados, precargados, activados y usuarios efectivos, la misma trazabilidad que debería exigirse desde el diseño de cualquier subsidio de este tamaño, y no reconstruirse después, a punta de debates de control político.

La Superintendencia Financiera expidió el 23 de octubre la Circular Externa 010 de 2026, con la que reexpide el Catálogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión (CUIF) para ampliarlo de seis a diez dígitos. El cambio busca absorber los códigos que exige la NIIF 17 de contratos de seguro, cuya entrada en vigencia en Colombia quedó fijada para el 1 de enero de 2028 mediante los Decretos 217 y 219 de 2026, y así permitir que el catálogo siga creciendo con cada actualización futura de los estándares internacionales sin tener que reescribirse de nuevo.

La circular reexpide el CUIF que regía desde la Circular Externa 021 de 2014, crea en verde los códigos asociados al reconocimiento de activos y pasivos de seguros bajo la NIIF 17, marca en rojo los que dejarán de usarse a partir de 2028 y en azul los que solo cambian de nombre. Las entidades aseguradoras deben aplicar la estructura de diez dígitos desde el 1 de enero de 2028, mientras que el resto de entidades vigiladas tiene plazo hasta el 1 de enero de 2031, con un régimen de pruebas y de reporte trimestral de avance en el intermedio.

La diferencia de tres años entre el plazo de las aseguradoras y el del resto de entidades vigiladas tiene una justificación técnica razonable, porque solo las aseguradoras necesitan los nuevos códigos para aplicar la NIIF 17 desde el primer día, mientras que las demás entidades no tienen todavía una norma que les exija el nivel de detalle adicional. Pero esa misma lógica deja una pregunta sin resolver, que es cómo garantiza la Superintendencia la comparabilidad de la información financiera reportada por el sistema durante los tres años en que unas entidades reportan a diez dígitos y otras siguen reportando a seis, justo el problema que el CUIF existe para evitar.

Ampliar un catálogo contable de seis a diez dígitos suena, a primera vista, a un ejercicio de aritmética menor, pero son esos cuatro dígitos adicionales los que terminarán decidiendo, línea por línea, cómo se ve el balance de cada aseguradora colombiana a partir de 2028.

El presidente Abelardo De La Espriella firmó el 22 de octubre el Decreto 1599 de 2026, con el que fijó el Presupuesto General de la Nación para 2027 en $634,9 billones, la misma cifra que las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara habían aprobado en primer debate. El decreto no inventó un monto nuevo, sino que hizo exigible ese monto después de que las dos corporaciones no lograran conciliar sus textos antes del vencimiento del plazo legal, con el Ministerio de Hacienda invocando el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, la norma que faculta al Ejecutivo para decretar el presupuesto cuando el Congreso no completa el trámite ordinario.

La distribución definitiva reparte $391,38 billones para funcionamiento, $155,43 billones para el servicio de la deuda y $88,14 billones para inversión, con educación como el sector mejor dotado ($93 billones), seguido de salud y protección social ($81,56 billones, incluidos los $2 billones que se adicionaron en primer debate), defensa y policía ($74,9 billones) y trabajo ($67,42 billones, con las obligaciones pensionales de la Nación ya incorporadas). Transporte recibe $21,67 billones y minas y energía $7,51 billones, los dos sectores de menor peso relativo dentro del presupuesto de inversión sectorial reportado por la Presidencia.

Al congelar el presupuesto en los términos del primer debate, el decreto excluye cualquier ajuste que el segundo debate hubiera podido introducir, de modo que la conciliación entre cámaras deja de operar como filtro legislativo y se convierte, en la práctica, en un trámite cuyo fracaso traslada la última palabra al Ejecutivo. Es una salida jurídicamente disponible y documentada en la propia norma orgánica, pero conviene no confundir lo legal con lo neutral, porque cada vez que el Congreso tropieza en la recta final, el resultado beneficia a quien redactó primero la propuesta, que es, justamente, el Gobierno.

El vicepresidente José Manuel Restrepo bautizó la pieza como el “Presupuesto de la Verdad”, un nombre que compite en ambición retórica con la cifra misma y que, para los efectos contables, no cambia un peso de lo que ya estaba escrito en el papel del primer debate.

El Inspector General del Tesoro de Estados Unidos para la Administración Tributaria (TIGTA, por sus siglas en inglés) publicó el 23 de octubre un informe según el cual más de 38.000 preparadores de declaraciones de renta usaron, el año pasado, números de identificación de preparador (PTIN, por sus siglas en inglés) vencidos o irregulares para tramitar más de 2 millones de declaraciones. De ese universo, cerca de 12.000 preparadores presentaron unas 95.000 declaraciones que, en conjunto, reclamaban casi $600 millones de dólares en reembolsos, y todas correspondían a declaraciones que únicamente pedían devolución, el patrón que TIGTA identifica como señal de riesgo.

El informe también halló que el propio IRS carece de un mecanismo para impedir que sus empleados actuales tramiten PTIN, pese a que la normativa interna les prohíbe preparar declaraciones a cambio de compensación, y TIGTA identificó 691 funcionarios con PTIN activo, más de 90 de los cuales podrían haber preparado declaraciones remuneradas. Entre 2023 y 2024, preparadores con características de un esquema de retención sobrestimada reclamaron cerca de $740 millones de dólares en reembolsos, el 84% de ellos sin acreditación, y otros preparadores fantasma, los que no incluyen su PTIN en la declaración que preparan, sumaron $179 millones adicionales en reembolsos del mismo tipo.

El IRS redujo el hallazgo de 73 PTIN emitidos a personas fallecidas o reclusas a un 0,0032% del total de PTIN expedidos entre 2010 y 2025, una aritmética correcta que no responde la pregunta real, porque el riesgo que señala TIGTA no está en el volumen de casos anómalos sino en la ausencia de un control que debería impedirlos desde el origen, sin importar cuántos sean. Un sistema de identificación profesional que permite emitir credenciales a nombre de personas muertas, por pocas que sean, es un problema de diseño del control, no un problema de porcentaje.

TIGTA le recomendó al IRS implementar por fin una estrategia de supervisión basada en datos, una manera elegante de decirle a una agencia que recauda billones de dólares que todavía no sabe, con precisión, quién factura en su nombre.