La profesión al día – Boletín 5

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El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) abrió el 4 de septiembre una encuesta dirigida a analistas de inversión con experiencia concreta en el estudio de bancos, aseguradoras y otras instituciones financieras, para entender cómo usan en la práctica la información de flujos de efectivo que hoy exige la NIC 7. La consulta responde a una queja antigua del sector: para una entidad cuyo oficio diario consiste precisamente en mover efectivo de un lado a otro, la distinción entre actividades de operación, inversión y financiación que pide la norma termina produciendo un estado de flujos que a duras penas dice algo que el balance y el estado de resultados no digan ya, mientras consume horas de preparación considerables. Exigirle a un banco que clasifique en compartimentos separados algo que hace por oficio empieza a sonar a pedirle a un pez que documente cuánta agua le pasa por las branquias.

El proyecto, catalogado internamente como «Statement of Cash Flows and Related Matters» (estado de flujos de efectivo y asuntos relacionados), explora si conviene crear una exención específica para instituciones financieras, en línea con el tratamiento diferenciado que otras normas ya les reconocen. La encuesta cierra el 25 de septiembre, y sus resultados alimentarán una discusión que el IASB tiene prevista para el cuarto trimestre del año.

Para las firmas de auditoría colombianas con clientes del sector financiero, o que preparan estados financieros bajo NIIF completas para entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, el desenlace de esta consulta interesa más de lo que su trámite discreto sugiere: si el IASB flexibiliza la exigencia, el formato del estado de flujos de efectivo de bancos y aseguradoras podría cambiar en los próximos ciclos de emisión de normas, con el consiguiente ajuste en plantillas de reporte y en los papeles de trabajo de auditoría.

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El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) resolvió el 9 de septiembre, mediante el concepto 2026-0219, una pregunta que aparece con más frecuencia de la que debería en la práctica de la revisoría fiscal: cuando surge el deber de denunciar, ¿basta con contar lo que se encontró, o hay que entregar también los papeles que lo prueban? El organismo separó con cuidado dos obligaciones que suelen mezclarse. Por un lado, el artículo 207 del Código de Comercio impone informar irregularidades a los órganos sociales y colaborar con las autoridades de inspección y vigilancia. Por otro, el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 43 de 1990 —modificado por la Ley 2195 de 2022, la norma anticorrupción— obliga a denunciar ante la Fiscalía, la Procuraduría o los entes de control los actos de corrupción y ciertos delitos detectados en ejercicio del cargo, sin que en esos casos aplique el secreto profesional.

El CTCP fue enfático en que ni toda irregularidad equivale a un acto de corrupción ni el deber de denunciar arrastra automáticamente la entrega de todo el archivo de la revisoría: la reserva del artículo 214 del Código de Comercio sigue vigente salvo que una norma puntual autorice o exija remitir los documentos, y la entrega debe limitarse a lo pertinente para atender ese requerimiento específico. En otras palabras, denunciar no es sinónimo de abrir el archivador entero — el revisor fiscal responde por lo que sabe, no por todo lo que guarda.

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Bajo qué condiciones puede una empresa mostrar en su estado de resultados solo el efecto neto de las subidas y bajadas en el valor razonable de una inversión, en vez de desagregar cada valorización y desvalorización por separado, fue la duda que resolvió el CTCP el 8 de septiembre con el concepto 2026-0205. La respuesta distingue entre dos figuras que a primera vista se parecen pero no son lo mismo: compensar ingresos contra gastos independientes —prohibido por el párrafo 2.52 de la NIIF para las PYMES, salvo que la propia norma lo autorice— y simplemente agregar los cambios sucesivos en la medición de una misma partida.

Para el CTCP, cuando una inversión financiera (por ejemplo, acciones sin control, control conjunto ni influencia significativa) se mide a valor razonable con cambios en resultados, las alzas y bajas que sufre durante el período corresponden a la medición de un único instrumento, así que presentarlas por su efecto neto no equivale a compensar partidas independientes, siempre que esa presentación no oculte información relevante para el lector de los estados financieros. El concepto también le pone un candado a la respuesta: cuando la inversión está denominada en moneda extranjera, el efecto de la tasa de cambio se funde con la variación del valor razonable si se trata de una partida no monetaria, y se separa si es monetaria, conforme a la Sección 30 de la misma norma — un matiz técnico que las áreas de consolidación con inversiones en el exterior deben tener presente antes de simplificar de más la nota correspondiente.

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La Comisión de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate, la noche del 8 de septiembre, el grueso de la reforma tributaria impulsada por la Administración Distrital, tramitada como Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 (junto con el 709 de 2026, sobre beneficios para contribuyentes en mora). La pieza que más resistencia generó fue la creación de una sobretasa al impuesto predial para financiar el alumbrado público —un cobro nuevo que, según la Secretaría Distrital de Hacienda, recaería sobre cerca de 870.000 predios y promete iluminar bastante más los recibos que las calles—, con tarifas escalonadas: exenta para los estratos 1 a 3 y los hogares de estratos 4 a 6 sin capacidad de pago según el Sisbén, de 0,4 por mil para el resto de esos estratos y para predios de estratos 1 a 3 con avalúos superiores a $1.000 millones, de 0,8 por mil para predios dotacionales y lotes, y de 1,0 por mil para actividades comerciales, financieras e industriales.

El texto conciliado también deja tarifas diferenciadas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para hoteles (13 por mil), restaurantes (12 por mil) y bares (11 por mil), una tarifa reducida de 4 por mil para el sector editorial, y amplía del 18 al 21 de diciembre el plazo para acogerse a los alivios tributarios y no tributarios distritales, que incluyen un descuento del 50 % sobre intereses. La reforma todavía no es definitiva: pasa ahora a segundo debate en la Plenaria, y al menos una bancada, el Partido MIRA, ya anunció que cuestionará la forma en que se acumularon las ponencias durante el primer debate — una etapa adicional que las áreas tributarias de empresas con operación en Bogotá deberían seguir de cerca antes de dar por cerrado el capítulo del ICA y el predial de 2027.

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El pasado martes de parches —el segundo de cada mes en el calendario de Microsoft—, la compañía publicó correcciones para 974 vulnerabilidades de seguridad, según reportó el investigador Brian Krebs el 8 de septiembre. La cifra pulveriza el récord anterior, fijado apenas en julio con 570 fallas, y deja el acumulado del año en más de 2.600 parches, un ritmo que empieza a parecerse menos a mantenimiento rutinario y más a una carrera contra el tiempo que Microsoft no siempre gana de primeras.

De esas casi mil vulnerabilidades, 113 quedaron calificadas como críticas, es decir, con potencial de entregarle a un atacante el control total del equipo afectado. Dos merecen mención aparte por estar siendo explotadas activamente en este momento: una falla de ejecución remota de código en el shell de Windows, con una puntuación de gravedad de 9,8 sobre 10, y una debilidad en la resolución de nombres de dominio que no exige siquiera autenticación previa para ser aprovechada.

El reporte insiste en un punto que interesa directamente al control interno de tecnología de cualquier empresa: no todos los parches afectan a todas las organizaciones por igual, y aplicar casi mil actualizaciones de una sola vez, sin evaluar antes cuáles tocan los sistemas realmente expuestos, es la receta perfecta para que un parche mal probado tumbe un servidor de producción el mismo día en que se suponía que lo estaba protegiendo. Para las áreas de auditoría de sistemas y gestión de riesgo tecnológico, el episodio recuerda que la gestión de parches merece su propio procedimiento documentado, con pruebas previas y ventanas de implementación planeadas, en vez de convertirse en un ejercicio de fe cada segundo martes del mes.

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El Índice de Precios al Consumidor confirmó el 7 de septiembre lo que los analistas venían anticipando: la inflación anual de agosto de 2026 cerró en 6,24 %, según el boletín técnico del DANE, con una variación mensual de 0,39 % frente a julio. La cifra queda apenas catorce puntos básicos por encima del 6,10 % que había proyectado días atrás la encuesta de expectativas del mercado financiero, una diferencia mínima que, para efectos prácticos, confirma que los analistas volvieron a acertar el pronóstico casi al centavo.

El grupo de restaurantes y hoteles lideró el alza con una variación anual de 9,36 %, seguido de salud (8,30 %), educación (7,45 %), bebidas alcohólicas y tabaco (6,94 %) y muebles y artículos para el hogar (6,67 %); los cinco superaron el promedio nacional. En el frente mensual, recreación y cultura (0,89 %) e información y comunicación (0,81 %) marcaron el paso. Dicho de otro modo: salir a comer, hospedarse fuera de casa y cuidar la salud siguen encareciéndose más rápido que el resto de la canasta, mientras el consumidor promedio hace las cuentas con cada vez menos margen de maniobra.

Para la profesión contable, el dato de agosto no es un simple ejercicio estadístico: alimenta el ajuste de contratos indexados al IPC, la revisión de provisiones de deterioro que dependen de proyecciones macroeconómicas y, de cara a lo que viene, la discusión sobre el reajuste del salario mínimo de 2027, que por disposición legal toma como referencia la inflación causada del año. Las áreas de nómina y planeación financiera de las empresas ya deberían tener esta cifra sobre el escritorio.

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Mediante el Comunicado de Prensa No. 113 del 26 de agosto, la DIAN prorrogó la suspensión de términos administrativos en las seccionales de Pereira, Buenaventura y Tuluá, con vigencia hasta el viernes 11 de septiembre y reanudación de actividades prevista para el lunes 14. La medida, adoptada tras el sismo de magnitud 7,4 que afectó a San José del Palmar, Chocó, el 10 de agosto, responde a que estas tres seccionales todavía presentan afectaciones en su infraestructura física, en los recursos tecnológicos disponibles y en la situación de su personal, mientras que Armenia, Manizales, Palmira, Popayán, Quibdó y las direcciones de Cali ya habían retomado actividades desde el 26 de agosto.

La entidad precisó el alcance exacto de la medida: la suspensión cubre únicamente los términos para trámites, requerimientos y respuestas que deban surtirse ante la DIAN en esas tres seccionales. Los vencimientos de las obligaciones tributarias propiamente dichas —las fechas de declaración y pago de impuestos— siguen su curso normal, sujetos al calendario especial que ya había fijado el Decreto 1226 de 2026 para los contribuyentes de las zonas afectadas por el sismo.

Para contadores públicos y asesores tributarios con clientes o procesos activos ante estas tres seccionales, la fecha por marcar en el calendario es el 11 de septiembre: los términos suspendidos retoman su conteo a partir del lunes siguiente, y conviene revisar con cuidado qué actuaciones quedaron pendientes durante estas semanas de suspensión para no dejar vencer un plazo que, en sentido estricto, nunca dejó de correr para los demás trámites de la entidad.

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La Encuesta Trimestral de Perspectivas Económicas que elaboran conjuntamente la AICPA y el CIMA, publicada el 3 de septiembre con respuestas de 206 altos ejecutivos financieros —gerentes generales, directores financieros y controllers— encuestados en agosto, retrata un ánimo empresarial que mejora en el papel y se contiene en la práctica. La confianza en la economía estadounidense subió de 32 % a 36 % de los ejecutivos optimistas, y la confianza en la economía global avanzó de 19 % a 24 %; las proyecciones de crecimiento en ingresos treparon de 2,6 % a 3,1 %, el nivel más alto desde el último trimestre de 2024.

El contraste llega en la siguiente pregunta de la encuesta, la que de verdad compromete el bolsillo de cada compañía: el optimismo sobre el propio negocio bajó de 49 % a 48 %, y los planes concretos de expansión cayeron de 54 % a 49 %. Es decir, a estos ejecutivos les entusiasma bastante más la economía en abstracto que la suya en particular, un patrón que cualquier área de planeación financiera reconoce de memoria. La inflación volvió a ubicarse como la principal preocupación tras un año fuera del primer lugar, por delante de los costos de materiales y de las condiciones económicas internas de cada país.

Aunque la encuesta mide el pulso de ejecutivos estadounidenses y no colombianos, el patrón que describe —confianza macroeconómica que no siempre se traduce en decisiones de inversión— es exactamente el tipo de indicador cualitativo que firmas de auditoría y consultoría financiera revisan al construir supuestos de negocio en marcha y proyecciones de flujo de caja para clientes con operaciones o matrices en el exterior.